En 2021, personas defensoras de la comunidad garífuna Nueva Armenia de Jutiapa, Atlántida, interpusieron una denuncia en contra de los empleados de la Fundación Cayos Cochinos, el biólogo Marcio Rafael Aronne, los guarda recursos Elías Aguilar y Luis Beltrán, por suponerlos responsables de provocar un incendio en el que se perdió 1.31 hectáreas de bosque en la Isla Cayo Menor.
El pasado 20 de mayo, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía dictó un sobreseimiento provisional a favor de los imputados. Ante esto, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural interpuso un recurso de apelación en contra de esta resolución. Asimismo, el Ministerio Público determinó que esta resolución presenta varias incongruencias puesto que da por sentado que existe un daño, pero “no es significativo por la cantidad de hectáreas que abarca en el lugar”.
El archipiélago Cayos Cochinos fue declarado área protegida con el nombre de Monumento Natural Marino del Archipiélago de Cayos Cochinos (MNMACC) y desde el 30 de julio de 2003 mediante Acuerdo Presidencial, es administrado por la Fundación Cayos Cochinos quien tiene la responsabilidad y obligación de proteger la flora y fauna de la zona.
Esta medida fue ejecutada sin consulta previa y le dio libertad al Estado para imponer vigilancia militar y restricciones a la pesca tradicional afectando la subsistencia de las comunidades garífunas. Por esta razón, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) presentó ante la Corte IDH una demanda contra el Estado hondureño por “violar el derecho a la libre determinación al no garantizar consulta previa, afectar la posesión pacífica de tierras y recursos, y no adoptar legislación conforme a estándares internacionales”.
Las comunidades garífunas Nueva Armenia y Chachahuate han denunciado que la Fundación Cayos Cochinos, a través de las Fuerzas Navales, violenta los derechos ancestrales de las hijas e hijos de la comunidad, además de realizar actos de intimidación, campañas de desprestigio y amenazas contra las defensoras y defensores y realizar acciones que favorecen a las empresas turísticas y extractivas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos el manto de impunidad que cubre a la Fundación Cayos Cochinos. Exigimos a las autoridades públicas garantizar la justicia, seguridad e integridad de las comunidades garífunas y sus territorios.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que se sumen a la denuncia pública y se pronuncien de manera inmediata frente a la impunidad en la Isla Cayo Menor.