El pasado 19 de octubre tuvo lugar en El Salvador la llamada “Marcha blanca”, en la que sindicalistas y personas trabajadoras de los sectores de salud y educación salieron a la calle para expresar su rechazo al recorte presupuestario estatal que pretende congelar el escalafón salarial para el 2025 y borrar de tajo este derecho laboral. Tras la marcha, al menos 60 personas trabajadoras en ambos sectores han sido despedidas, una enfermera ha sido criminalizada y se han documentado distintos actos de intimidación y campañas de desprestigio. Cabe destacar que sindicalistas habían denunciado que antes de la marcha recibieron intimidaciones y amenazas para obligarles a firmar un compromiso para disolverla.

Los despidos empezaron dos días después de la protesta, con el de la líder sindicalista Idalia Zúniga, quien ha denunciado públicamente que su despido es una represalia y persecución sindical que ha enfrentado en los últimos dos años por su trabajo como secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño. Es importante recordar que los despidos de sindicalistas constituyen una violación al fuero sindical que les protege de represalias por defender los derechos laborales colectivos.

En días sucesivos, personal docente y médico con hasta 31 años de servicio ha sido despedido. En el caso del personal docente mediante breves notificaciones donde se indica que “debido a una reestructuración del Ministerio de Educación su plaza de docente ya no es necesaria para el servicio público, por lo que se ha decidido suprimirla”, y donde además se prohíbe divulgar su destitución. En el caso del personal médico y de enfermería, muchos despidos han sido verbales al momento de presentarse a sus turnos de trabajo. Los despidos también se han extendido a personal de las áreas administrativas de estos dos sectores y del Ministerio de Hacienda. 

Especialmente grave es el caso de la enfermera Jackelin Cristina González de Martínez, quien el 24 de octubre fue detenida en su casa y con lujo de violencia por un contingente de 10 policías. Horas antes de su detención, la enfermera había expresado su protesta ante el despido arbitrario que había sufrido por haber participado en la Marcha blanca. Hasta el momento no se conoce su situación. 

Desde la IM-Defensoras condenamos estos actos arbitrarios y recordamos al Estado salvadoreño su deber de respetar el derecho a la protesta y la labor de las personas sindicalistas que defienden los derechos laborales colectivos. Protestar es un derecho que no debe ser castigado ni ser motivo de represalias laborales. 

A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) la exhortamos a cumplir con su función para la protección de la población ante el atropello de sus derechos. 

Llamamos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a acompañar la demanda de respeto a los derechos laborales del personal docente, sanitario y administrativo que está enfrentando despidos y otras formas de violencia laboral. 

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional a solidarizarse, mantenerse vigilantes de la situación y pronunciarse ante esta situación de vulneración a derechos laborales y del derecho a la protesta en El Salvador.