La madrugada del lunes 27 de enero un grupo armado acompañado de guardias de seguridad privada irrumpió en las cooperativas campesinas Tranvío, Camarones y el Chile, ubicado en el Valle de Aguán, Tocoa, Colón, disparando contra más de 123 familias, entre ellas niños y niñas.
El violento ataque dejó al menos dos personas heridas y causó terror entre los habitantes. Esta agresión se suma a una serie de hechos violentos que han sufrido las comunidades campesinas en el Aguán por defender su tierra y territorio.
De acuerdo con información proporcionada por medios de comunicación locales, y miembras de la Red de Mujeres Campesinas del Aguán, que forman parte de estas cooperativas, el ataque fue perpetrado por el grupo criminal “Los Cachos”, que se ha hecho presente de forma violenta en diferentes comunidades, desplazando a cientos de familias. Recientemente, en diciembre de 2024, “Los Cachos” fueron señalados como responsables del desalojo violento del grupo campesino de la cooperativa Camarones. También son vinculados con la corporación DINANT, anteriormente conocida como Químicas Dinant, fundada en julio de 1960 por el empresario y terrateniente Miguel Facussé Barjum, con el apoyo de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). DINANT busca despojar a las comunidades de sus tierras, utilizando tácticas intimidatorias y amenazas directas.
Cabe señalar que estas agresiones forman parte de un patrón sistemático de violencia y criminalización contra quienes defienden la tierra y el territorio en el Aguán. En diciembre del 2024 las cooperativas fueron víctimas de al menos dos asesinatos violentos con arma de fuego, así como del desplazamiento forzado de al menos 150 familias, además de actos de intimidación y amenazas. De igual manera, las organizaciones y cooperativas defensoras de derechos humanos que las acompañan han enfrentado campañas de desprestigio en la zona, lo que las pone en grave riesgo.
La cooperativa Tranvío ubicada en el municipio de Tocoa, Colón, está conformada por aproximadamente 160 familias campesinas que han logrado consolidar su producción a través de proyectos de avicultura y ganadería. Combinado con la siembra, crían ganado, aves y cultivan diversos productos. Además de nutrir el mercado local ha establecido una escuela para cerca de 100 niños y niñas. Por lo que la escalada de violencia en la zona pone en grave riesgo la vida e integridad de estas comunidades campesinas, así como su modelo de desarrollo autónomo y sostenible.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras condenamos y repudiamos estos hechos violentos, así como los actos de criminalización, ataques, desalojos, amenazas y estigmatización en contra de las familias de las Cooperativas Tranvío, Camarones y el Chile en el Bajo Aguán.
Exigimos al Estado hondureño que asuma su responsabilidad en la protección de la vida y los derechos de las personas que habitan el Aguán y responda con celeridad para detener de forma efectiva y urgente la violencia en las comunidades.
El Estado de Honduras es responsable de garantizar la integridad física, la vida de las personas defensoras de derechos humanos y de actuar para abordar este conflicto histórico generado por la expropiación de tierras campesinas para favorecer corporaciones y terratenientes.
Finalmente alertamos y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales a estar pendientes de esta situación, denunciar y exigir la protección y derechos de quienes integran las comunidades del Aguán.