Terminar con el régimen de excepción y restablecer las garantías constitucionales, eliminar la prohibición total del aborto, así como garantizar la seguridad para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, son parte de las recomendaciones planteadas por distintos Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Estado salvadoreño como resultado del Examen Periódico Universal (EPU) que tuvo lugar en enero del 2025 en Ginebra, Suiza.

El EPU es un escrutinio internacional al cual se someten los estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años para evaluar la situación de los derechos humanos, ahí los gobiernos exponen su informe, pero también la sociedad civil tiene la oportunidad de ser escuchada.

La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras presentamos aportes en al menos tres informes colectivos que se presentaron en conjunto con la Mesa por el Derecho a defender derechos humanos y Civicus con base al seguimiento de normas y prácticas políticas del Estado salvadoreño relacionadas con su obligación de respetar y garantizar la labor de quienes defienden derechos humanos y con las recomendaciones que recibió en el EPU de 2019. Dichos informes dan cuenta de las múltiples violaciones a derechos humanos, agresiones y hostilidad política sistemática contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Otras cuestiones que planteamos en los informes son la necesidad de un marco normativo que reconozca la legitimidad de la defensa de los derechos, medidas para proteger a las personas defensoras y a su entorno familiar, que cese el discurso de descrédito y misoginia contra las defensoras y periodistas, que el Estado brinde información y garantice la libertad de prensa, evite la instrumentalización de la lucha contra la criminalidad para reprimir el disenso y las exigencias de la población trabajadora para que se investiguen los ataques y acoso contra personas defensoras.

El gobierno salvadoreño argumentó la reducción de homicidios como un logro del régimen de excepción, pero enfrentó cuestionamientos contundentes sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la ciudadanía.  

El EPU arrojó más de 200 recomendaciones para El Salvador, siendo la primera de todas la de poner fin al régimen de excepción y restablecer las garantías constitucionales. Otras recomendaciones destacadas son garantizar juicios justos para las personas capturadas, mejorar las condiciones en las cárceles acorde a los estándares internacionales, eliminar la prohibición total del aborto en casos de abuso sexual y amenaza para la vida y la salud de las mujeres, garantizar la seguridad a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ratificar la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. También se insta al Estado salvadoreño a promover reformas que garanticen la protección del medio ambiente, la reducción de los efectos del cambio climático y la regulación de productos que perjudican las actividades agrícolas.

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras, junto con otras organizaciones defensoras de derechos en el país, estaremos vigilantes del cumplimiento de estas recomendaciones y de la responsabilidad del Estado para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas.