Este mes de junio, la Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia de Oaxaca confirmó la existencia de 200 órdenes de aprehensión contra personas integrantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, incluyendo a 8 mujeres defensoras con cinco acusaciones en contra de cada una. Las acusaciones se remontan a hechos acaecidos en 2014 —aunque no fueron consignados ante un juez hasta 2016— en el marco de unos enfrentamientos con los poderes caciquiles locales que desde hace más de una década someten a la comunidad a asedio y desplazamiento forzado para el control territorial y el despojo extractivista del río Xangá Ndá Ge. 

Desde la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad se ha denunciado que la reactivación de las 200 órdenes de aprehensión, después de nueve años de los supuestos hechos, responde a una nueva “maniobra política” en contra de la comunidad. Estas órdenes están dirigidas en contra de personas que han demostrado su inocencia a lo largo de todos estos años y que, en varios de los casos, ni tan sólo se encontraban en el lugar, con base en ello durante los últimos años se han obtenido más de 13 amparos y más de 25 resoluciones de libertad a su favor. A ello se une que, en 2016, un juez resolvió que no había forma de individualizar los delitos señalados, ya que la denuncia se hizo de manera general y la ley penal exige que se individualice. Este es el caso de las 8 compañeras que están siendo criminalizadas, bajo acusaciones falsas, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras exigimos la inmediata cancelación de las órdenes de aprehensión y el cese de la criminalización de las 8 defensoras y del resto de integrantes criminalizados de la comunidad de Eloxochitlán. 

Demandamos a las autoridades que garanticen la seguridad y protección de la comunidad de Eloxochitlán, lo que implica que se tomen las medidas necesarias para poner fin a la persecución, asedio y desplazamiento forzado que desde hace más de una década sus integrantes están enfrentando por parte de poderes locales caciquiles y corruptos. 

La comunidad de Eloxochitlán tiene su legítimo derecho a defender su territorio y el río Xangá Nda Ge frente a los intereses extractivistas que lo amenazan. Exigimos que este derecho sea respetado. 

Llamamos a organizaciones nacionales y a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y al pendiente del caso y a expresar su solidaridad con las compañeras criminalizadas y la comunidad de Eloxochitlán.