Hoy miércoles, 15 de julio, estaba programada la audiencia inicial del proceso de criminalización que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) —Deinor Osmany Mejía Arzu, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta—, que el pasado 6 de julio, durante el desalojo violento e ilegal perpetrado por la Policía contra su comunidad, fueron injustamente detenidas y acusadas de usurpación agravada por defender y habitar el territorio ancestral de su comunidad. No obstante, según informaron ayer representantes de la comunidad de San Juan a través de conferencia de prensa, la jueza de Letras Seccional de Tela, Norma Fuentes, emitió una resolución mediante la cual se declaró de oficio incompetente para realizar la audiencia programada hoy y remitió el proceso penal contra los defensores y la defensora garífuna al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, de jurisdicción nacional y con sede en San Pedro Sula.
Para quienes integran la comunidad, esta decisión constituye un "abuso de poder" y denunciaron que la jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado, el cual califican de "absurdo y abusivo". Además, afirmaron que la resolución fue emitida sin notificar a una de las abogadas de la defensa. Por todo ello, la comunidad manifestó su rechazo al cambio de jurisdicción y exigió que la audiencia continúe desarrollándose en Tela, donde ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso judicial, ya que trasladar el caso a San Pedro Sula dificultaría el acompañamiento de la comunidad y representaría una nueva forma de criminalización contra quienes defienden el territorio ancestral.
En el marco de la criminalización de estas cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan y de la intensificación de los ataques armados, amenazas de desalojo y criminalización en contra del pueblo garífuna —como los que ha enfrentado estos últimos días la comunidad de Tornabé, en Tela— la OFRANEH ha hecho un llamado a las comunidades garífunas y a la solidaridad de los diferentes movimientos sociales del país para acuerpar al pueblo garífuna y a las personas criminalizadas.
Cabe recordar que la intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas, pero también contra las indígenas y campesinas de todo el país, está vinculada con la entrada en vigor de la llamada Ley de Agroindustriales, la cual da via libre al despojo capitalista de los territorios y a la criminalización de quienes los defienden; ante lo cual el movimiento social hondureño en su diversidad se ha declarado en estado de movilización permanente.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras nos unimos a la exigencia de la comunidad de San Juan de que la audiencia se celebre en Tela.
También exigimos el cese inmediato a la criminalización contra las cinco personas defensoras de derechos humanos integrantes de la comunidad de San Juan y que cese la violencia, la persecución y el racismo institucional contra esta comunidad y el pueblo garífuna de Honduras.
Asimismo, exigimos que se respete el derecho del pueblo garífuna y de los diferentes movimientos sociales y populares a manifestarse y exigir justicia para las personas criminalizadas y hacemos responsable al Estado hondureño de cualquier vulneración a este derecho o contra la integridad y la vida de las personas participantes.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que permanezcan vigilantes de la situación, sumándose a las demanda de la comunidad de que la audiencia tenga lugar en Tela y a la exigencia de cese de la criminalización de estas cinco personas y de respeto a los derechos de las personas que acompañan y acuerpan al pueblo garífuna.
Finalmente, instamos a la comunidad internacional a exigir al Estado hondureño el cumplimiento en su totalidad de las sentencias emitidas a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz, San Juan, Punta Piedra y Cayos Cochinos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la garantía de protección para las comunidades garífunas así como de sus liderazgos.