La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos pronunciamos ante el reciente fallo judicial de El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque en el que se declaró culpable de homicidio simple al agente policial Jarol Perdomo Sarmiento por el asesinato de Keyla Martínez.
Primero, reconocemos la fuerza con la que su madre, hermana, amigas, compañeras y organizaciones han luchado para que la justicia para Keyla sea posible aún cuando los juzgados y las leyes no funcionan para nosotras y garantizan la impunidad. Toda nuestra solidaridad y abrazo para ellas, quienes por más de cinco años han tenido que revivir el dolor para que un día Keyla pueda descansar en paz.
Parte de esa lucha logró que el juicio contra el asesino de Keyla se repitiera buscando nuevamente que el caso no quedara en la impunidad y se reconociera que se trataba de un feminicidio agravado. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque retomó el caso bajo la tipificación del delito como “homicidio simple” y sin llevar a juicio a todos los responsables del asesinato.
Por eso, expresamos nuestra inconformidad con el fallo judicial del Tribunal porque aunque representa un avance en la lucha de la justicia para Keyla, no responde a las exigencias que desde 2021 han sido claras: justicia plena e integral para Keyla, su familia y las mujeres que deseamos una vida libre de violencia.
La negativa del Tribunal para no admitir que se trata de un caso de femicidio agravado representa un patrón de violencia y revictimización de parte del Estado para seguir encubriendo a los responsables de este crimen, disminuir las penas y beneficiar al perpetrador; lo que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones.
El Estado hondureño debe admitir que el asesinato de Keyla Martínez se trata de un feminicidio agravado que ocurrió en una celda a manos de agentes de la Policía Nacional quienes tenían la obligación de protegerla durante un régimen de excepción.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras que hemos acompañado y sabemos de los riesgos que ha implicado la lucha por defender la memoria de Keyla y la vida de miles de jóvenes y mujeres que se enfrentan a la violencia de la policía, nos sumamos a las demandas de justicia integral para Keyla Martínez.
Exigimos que se investigue la cadena de mando implicada en este caso hasta que todos los responsables sean castigados. Nuevamente, denunciamos que la Policía Nacional no nos protege ni nos cuida, sus agentes criminalizan y violentan a los cuerpos, barrios, comunidades y pueblos marginados y empobrecidos. La Policía es la verdadera estructura criminal.
Demandamos protección y seguridad para la familia, amigas, hermanas y compañeras de Keyla Martinez, para que no sean perseguidas, ni silenciadas ni criminalizadas por defender la justicia para Keyla.
Continuaremos respaldando, acuerpando y vigilando este caso hasta que nos hagamos justicia feminista y ninguna otra mujer tenga que pasar por las celdas violentas y asesinas del patriarcado afianzadas en la Policía Nacional. Hasta que la justicia sea realidad para La Muchacha de La Esperanza.