Desde abril de 2018, cuando la brutal represión gubernamental de las protestas populares ante la reforma neoliberal del Seguro Social instada por el Fondo Monetario Internacional desencadenó una profunda crisis de derechos humanos y la consolidación de un gobierno totalitario en Nicaragua, casi 300 organizaciones feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres han sido canceladas, decenas de defensoras han pasado por la cárcel, centenares se han visto obligadas a exiliarse, a muchas les han arrebatado su nacionalidad e incluso las casas donde viven sus familias.

Las defensoras que siguen en el país enfrentan un régimen de terror, bajo vigilancia y hostigamiento constante, que en muchos casos conlleva su "muerte civil", es decir, la cancelación de facto de su derecho a trabajar, desplazarse y acceder a servicios de salud o educación, entre otros. En este contexto, defender derechos es una labor extremadamente riesgosa, especialmente para las mujeres y las feministas.

Desde la IM-Defensoras, siempre en sororidad con las defensoras nicaragüenses, hemos venido denunciando las agresiones que éstas viven, siendo su voz de alerta y de denuncia cuando ellas no han podido alzar la suya.