Bertha de León y Teresa Naves son abogadas de derechos humanos que actualmente están trabajando en la demanda penal de FESPAD contra el ex presidente Francisco Guillermo Flores Pérez por desfalco, enriquecimiento ilícito y desobediencia por haber presuntamente robado 15 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwan a El Salvador para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001, y para ayudar a combatir la pobreza.
Ambas gozan de medidas cautelares emitidas por el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador.
Tras la audiencia preliminar del caso contra el ex-presidente Flores que se llevó a cabo el 5 y 6 de noviembre de 2015, las defensoras Bertha de León y Teresa Naves han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento.
El 18 de noviembre 2015, Teresa Naves informó que un hombre no identificado la había estado siguiendo desde el 7 de noviembre 2015 y que, en algunas ocasiones, el hombre dirigió un puntero láser a su cara. Anteriormente, el 17 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 9:30 am, la defensora recibió una amenaza telefónica. Más recientemente, el 10 de diciembre de 2015, mientras se hallaba en una entrevista, le dañaron las chapas de su vehículo. Bertha de León fue seguida e intimidada por un vehículo no identificado, los días 10 y 12 de noviembre de 2015.
Ambas abogadas también han sido víctimas de hostigamiento judicial. En enero de 2015, la Fiscalía presentó una queja administrativa contra FESPAD por presuntamente revelar información financiera que debería ser mantenida bajo confidencialidad. El Fiscal General también ha enviado cartas a FESPAD amenazando con presentar una denuncia penal contra la organización por la divulgación de información presente en los informes financieros de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.
Desde la IM-Defensoras expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que las intimidaciones y presión psicológica persisten a pesar de las medidas cautelares brindadas por la PDDH. Por ello exigimos al Gobierno salvadoreño que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de ambas defensoras y su derecho a seguir desarrollando libremente y sin presiones su labor.
