Aura Lolita Chávez Ixcaquic, integrante activa del Consejo de Pueblos Ki’che’ (CPK), es una defensora que constantemente se ha pronunciado sobre actos de corrupción realizados por autoridades municipales en el departamento de El Quiche.
En las últimas dos semanas ha liderado movilizaciones para manifestar el rechazo sobre la tala inmoderada que madereros estan realizando en bosques de propiedad comunitaria del departamento.
En la madrugada de 23 de junio, en una acción de monitoreo por miembros del CPK se logra detectar el paso de más de 30 camiones cargados de trozos de madera, lo cual les lleva a denunciar ante la Policia Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) para que realicen un conteo de la madera que se está extrayendo de las comunidades y si este coincide con lo reportado y permitido legalmente en los registros autorizados por el INAB.
La lentitud en el conteo por miembros del INAB permitió la llegada hasta el parque central de departamento de personas armadas sin identificar que se dirigieron directamente a Lolita Chávez; y con palabras soeces la amenazaron de muerte indicándole de manera agresiva que dejara de meterse en eso asuntos. Ella solicitó el auxilio de la PNC para denunciar la amenaza e identificar a los agresores; sin embargo, en el reporte policial los agentes no colocan ni la amenaza ni los perpetradores.
Posteriormente, el lunes 4 de julio frente al edificio de la Gobernación departamental de El Quiche se dio una manifestación a favor del INAB donde el dirigente de la manifestación se expresó con palabras intimidatorias en contra de Lolita Chávez para decirle que solicitarán su destierro del departamento.
Desde UDEFEGUA, la Red de Nacional de Defensoras de Guatemala y la IM-Defensoras repudiamos y condenamos estas amenazas, las cuales tienen una fuerte carga de violencia de género y discriminación hacia la defensora. Lolita ha sido objeto de múltiples agresiones por su labor de defensa del territorio y recursos naturales desde hace más de un década.
Asimismo, exigimos a las autoridades competentes den seguimiento a las denuncias presentadas por la defensora e investiguen los hechos e identifiquen a los agresores.