Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras - En Honduras, tener datos exactos sobre defensoras criminalizadas es una labor aun pendiente, se saben de ciertos casos de defensoras, algunos emblemáticos, otros recientes, y otras que vuelven a enfrentar procesos de criminalización. En el 2015 algunos de los casos de criminalización acompañados por la RNDH más emblemáticos fueron el de la defensora Liliam Borjas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) criminalizada desde el 2012 por terratenientes de su comunidad por el supuesto delito de usurpación, y siendo amenazada y hostigada constantemente por los terratenientes; un caso que recibió mayor cobertura mediática, se comenzó a acompañar desde el mes de julio, fue la criminalización al Grupo Campesino Juan Almendares en Santa María, La Paz donde las defensoras María Melecia Hernández, Norma Suyapa Herrera, Zonia Isabel Galeas, Geraldina Santos Hernández y María Emerita López fueron reprimidas junto a sus demás compañeros y familiares por fuerzas policiales y luego privadas de su libertad sin previa investigación, acusadas por terratenientes del departamento de La Paz por el supuesto delito de usurpación.
Zonia Gáleas, Gerardina Santos y Norma Herrera estuvieron privadas de libertad desde el día 17 de Julio hasta el 21 de septiembre de 2015. En el centro penitenciario de Márcala se encontraban en condiciones de hacinamiento; sin asignación de cama lo que las obligaba a dormir en el suelo; dormían y comían en el mismo espacio donde están los baños sanitarios; no contaban con enseres necesarios (artículos personales y de limpieza) para su diario vivir, y como parte de la condición de precariedad de sus familias. Además, sufrieron constante discriminación por parte de las autoridades del centro penitenciario por el hecho de ser campesinas defensoras del derecho a la tierra, señalándolas como “usurpadoras y roba tierras”.
Las defensoras sufrieron severas repercusiones físicas, emocionales, psicológicas producidas por el desalojo, la captura y la privación de libertad, María Emerita López, una de las defensoras, se encontraba en condición de embarazo al momento del desalojo y estuvo 22 días privada de libertad en las condiciones antes mencionadas y producto de ello tuvo una interrupción de su embarazo. Para las defensoras y su familias toda esta situación de criminalización y señalamientos produjo consecuencias económicas negativas en las familias de las defensoras por el no poder trabajar sus cultivos y luego con las medidas sustitutivas tienen que viajar a otro municipio una vez por semana para firmar en los juzgado, lo que les genera gastos sin tener ingresos como cubrirlos.
Durante el 2016, hemos acompañado algunos de los cientos de casos de defensoras criminalizadas, entre ellas Orbelina Flores miembra del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA) y Carolina Castillo de la Organización Fraternal Negra(OFRANEH).
Orbelina Flores, ha reportado a la RNDH 6 incidentes durante el 2015, siendo en su mayoría amenazas y actos de intimidación de vecinos de su comunidad y miembros cercanos a su organización. Carolina Castillo ha enfrentado 3 incidentes en el 2015 vinculados a la lucha por la defensa de su territorio, con actos de intimidación, hostigamiento psicológico, ataques al patrimonio personal y amenazas contra su vida.
Fuente: https://redefensorashn.blogspot.mx/2016/06/p_30.html