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19 de octubre de 2016
La RNDDHM condena la impunidad y exige al Estado mexicano esclarecer el crimen
Mantendremos vivo el reclamo de justicia y seguiremos reconociendo el aporte de Rocío Mesino a la defensa de los derechos de las comunidades campesinas
El gobierno mexicano es cómplice, por omisión, de esta ejecución
En México, 38 defensoras asesinadas desde 2010
A unos días de que se cumplieran tres años de impunidad en el asesinato de Rocío Mesino Mesino, defensora de los derechos de las comunidades campesinas en Guerrero, su familia acudió a la Fiscalía del Estado para conocer el estatus del caso; confirmaron que la investigación sigue abierta, sin ningún tipo de avances. A la fecha, las autoridades no han determinado quiénes son los responsables de la ejecución cometida el 19 de octubre de 2013 en Atoyac, Guerrero, a plena luz del día.
El argumento con el que la Fiscalía de Guerrero justifica esta impunidad es la falta de recursos. Así lo manifestó Rodolfo Jacobo Mendoza, agente del ministerio público adscrito a la Dirección General de Investigaciones, a la familia de Rocío: que la indagatoria está varada porque no hay dinero para realizarla y porque el personal que labora en esta dependencia ha cambiado.
Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) en México, 218 mujeres defensoras y periodistas con presencia en 23 estados del país, manifestamos nuestra indignación por la actuación negligente y omisa del gobierno mexicano, la cual ha permitido que a tres años del asesinato de la defensora no haya el menor indicio de justicia, pese a las evidencias existentes y a que el caso fue atraído por la Fiscalía estatal de Guerrero.
Consideramos que no existe justificación para la inacción oficial. Esta pasividad refuerza la hipótesis de que el asesinato de Rocío, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) –a la que pertenecían los 17 campesinos abatidos el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas–, se deriva de su labor de defensa de derechos humanos, misma que la llevó a confrontarse en diversas ocasiones con el poder público, al denunciar, por ejemplo, actos de corrupción.
Nuestra compañera Rocío Mesino, originaria de la comunidad Escorpión, fue asesinada de la forma más cobarde a sus 39 años edad. Un sujeto la acribilló mientras supervisaba la reconstrucción de un puente en el paso del río Mexcaltepec tras los daños que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. Sus hermanas, su madre y su tío estaban allí pero no pudieron hacer nada para detener al pistolero que truncó su vida de lucha.
Frente a esto, las defensoras del país no podemos permanecer silenciosas ni pasivas. Más aún porque el asesinato de Rocío no es hecho aislado. En México, país sumido en una profunda crisis de derechos humanos, al menos otras 37 defensoras han sido asesinadas 2010 a abril de 2016[1]. Crímenes cuyo sello común es la impunidad.
Desde la RNDDH nos solidarizamos con la familia de Rocío y con quienes integran la OCSS, que son prioritariamente familiares de personas detenidas-desaparecidas durante la Guerra Sucia. En este sentido, exigimos al gobierno mexicano que asuma con seriedad la investigación y sanción del crimen cometido y, en consecuencia, ordene a la Fiscalía de Guerrero retomar de inmediato la investigación diligente del caso.
Por otro lado, exigimos garantías para las y los testigos presenciales del asesinato, así como el cese del hostigamiento en su contra, pues tenemos conocimiento de que han sido víctimas de presiones, amenazas e intentos de criminalización por parte de agentes ministeriales, como cuando se intentó incriminar a Norma Mesino de la autoría intelectual de la ejecución de su hermana, mentira que pronto fue desmontada.
Denunciamos al Estado mexicano, quien ha permanecido omiso ante los crímenes contra mujeres defensoras, generando así una política de permisibilidad, que evidencia la falta de garantías y el incumplimiento de sus compromisos internacionales.
Defender los derechos humanos es un derecho humano y, en tanto, es obligación de las autoridades del país garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de seguridad e igualdad, en vez de propiciar el exterminio de las voces críticas.
[1] Beatriz Cariño (Oaxaca); Josefina Reyes (Chihuahua); Marisela Escobedo (Chihuahua); María Isabel Cordero Martínez (Chihuahua); María Elvira Hernández Galeana (Guerrero); Selene Hernández León (Estado de México); María Magdalena Reyes (Chihuahua); Luisa Ornelas (Chihuahua); Susana Chávez (Chihuahua); Isabel Ayala Nava (Guerrero); Reyna Ayala Nava (Guerrero); Carmela Elisarraraz Méndez (Michoacán); Bárbara Lezama (Puebla); Julia Marichal (Distrito Federal); Ana María Marcela Yarce Viveros (Distrito Federal);Rocío González (Distrito Federal); Yolanda Ordaz (Veracruz); María Elizabeth Macías Castro (Tamaulipas); Agnes Torres Hernández (Puebla); Regina Martínez (Veracruz); Durvin Ramírez Díaz (Tabasco); Manuela Martha Solís Contreras (Chihuahua); Juventina Villa Mojica (Guerrero); Fabiola Osorio Bernáldez (Guerrero); Renata- René Espinoza Reyes (Estado de México); Irma Ascencio Arenas (Hidalgo); María Concepción Martínez Medina (Ciudad de México); Gari Gómez Bastida (Hidalgo); Ana Lilia Gatica (Guerrero); Sandra Luz Hernández (Sinaloa); Marlén Valdez (Nuevo León); María del Rosario Fuentes Rubio (Tamaulipas); Norma Angelica Bruno Roman (Guerrero); Nelva Edilia Sánchez López (Guerrero); Nadia Dominique Vera Pérez (Veracruz); Cornelia San Juan Guevara Guerrero (Estado de México); Anabel Flores Salazar (Veracruz).