En América Latina y el Caribe los proyectos extractivos y de infraestructura se imponen en los territorios de comunidades campesinas, afrodescendientes y de pueblos originarios generando impactos socioambientales irreversibles y destruyendo sus formas vida. Esta imposición se da mediante la adopción de legislaciones contrarias a la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, estrategias de militarización y control territorial y el uso sistemático de la criminalización a quienes resisten.

En este contexto, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas, a lo largo y ancho del continente se han organizado para defender sus territorios de maneras creativas y transformadoras que a su vez confrontan las violencias y discriminaciones históricas basadas en género.

Debido a la magnitud de los poderes en juego que cuestionan y desestabilizan con sus luchas, las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente son uno de los grupos de defensores en mayor riesgo. Las agresiones y la criminalización de la que son objeto revisten formas particulares basadas en su condición de mujeres, intersectadas con otras formas de discriminación, y además les impactan de manera diferenciada.

Preocupadas frente a este panorama y por iniciativa del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, en octubre de 2015 nos unimos doce organizaciones de mujeres y feministas, para realizar el informe ‘Modalidades de criminalización y limitaciones a la efectiva participación de mujeres defensoras de derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas’, que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la primera audiencia regional sobre esta temática específica, en el Período de sesiones No. 156.