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Mesoamérica 24 de abril de 2017 - La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), integrada por 754 defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, expresa su preocupación ante el agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad TRANS en Honduras.
El crimen de odio perpetrado en Tegucigalpa entre el 2 y el 4 de abril contra la defensora TRANS Sherlyn Montoya, integrante del Grupo de Mujeres Transexuales “Muñecas de Arcoiris”, denunciado por la IM-Defensoras a través de nuestra #AlertaDefensoras de 4 de abril, se emmarca en un creciente contexto de violencia, discriminación y campañas de odio contra la comunidad TRANS y LGTTBI en general, frente al cual las diversas instituciones y mecanismos del Estado parecen mantenerse omisas y reticentes a tomar las medidas necesarias para enfrentarlo como es debido. En este sentido, es importante recordar que desde la IM-Defensoras no es la primera vez que nos manifestamos a respecto, pues ya advertimos de esta situación a través de nuestra CARTA PÚBLICA del 10 de febrero de 2016.
En un reciente comunicado fechado a 4 de abril, la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, advierte que: “En estos últimos cinco días del mes de abril de 2017, se ha agravado la situación de violencia, por lo que siguen aumentando la cifras de ataques, desapariciones, asesinatos y altos niveles de impunidad. En Honduras no ha habido avances para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, cada día se violenta el derechos a la vida, específicamente a las personas Trans por su identidad de género, también como en otro derechos básicos, hasta casos graves como detenciones ilegales y agresiones por el abuso de autoridad”.
En su “Informe sobre muertes violentas de la comunidad LGTTBI 2017”, la organización Cattrachas denuncia que desde el año 1994 al año 2017 se registraron 93 muertes violentas de personas transexuales en Honduras, de un total de 269 muertes violentas registradas contra personas LGTTBI. Otro dato muy relevante que pone de manifiesto el informe de Cattrachas es el alto nivel de impunidad en el que permanecen estos crímenes de odio, pues del total de 269 casos tan solo 54 han sido judicializados. Asimismo es importante destacar que 249 de los 269 casos se han perpetrado después de 2009, a partir del Golpe de Estado y el aumento de la influencia de los lobbies fundamentalistas conservadores y religiosos sobre las instituciones de gobierno y medios de comunicación que se ha venido dando desde entonces.
El 2016 Cattrachas presentó un análisis sobre varias publicaciones difundidas en el periodo 2013-2015 por influyentes medios de comunicación social donde promueven el odio y la discriminación amparándose bajo una falaz interpretación del derecho a la libertad de expresión. Según este informe: ”Los tipos de mensajes de odio registrados hacia personas LGTBI en el 2013, algunos comentarios justifican la discriminación con fundamento religioso, la discriminación basada en género, mensaje de odio degradante a la dignidad humana que insta a la exclusión social y política de las personas de LGTBI e incentiva al rechazo social por la peligrosidad o amenaza que dicen representan las personas de diversidad. También refleja la carencia de censura en los comentarios de odio en las páginas de los medios digitales, que no pueden permitir comentarios de degradación de la persona que inciten al odio o a la violencia”.
El discurso del odio que promueven los fundamentalismos religiosos y algunos medios de comunicación se encuentra en la base del ejercicio, la normalización, la legitimización e impunidad de la violencia y discriminación contra las personas LGTTBI y contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Los prejuicios que este discurso genera penetran en la sociedad, los medios y las instituciones del Estado, incluidas las policiales y judiciales y configuran un entorno altamente hostil y peligroso para el ejercicio del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, diversidad y orientación sexual. Ante ello, el Estado, como garante de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas, es responsable de poner todos los medios a su alcance para combatir los discurso de odio y su difusión, así como de garantizar que sus instituciones policiales y judiciales estén libres de sesgos discriminatorios en todos sus procedimientos.
Por ello, desde la IM-Defensoras reiteramos nuestras exigencias al Estado hondureño para que:
Se investiguen debidamente todos y cada uno de los ataques contra personas LGTTBI y se castigue a los responsables.
En concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, se tipifique el delito de odio en el Código Penal Hondureño para acabar con la impunidad que tienen los crímenes de intolerancia.
Se persiga y sancione el discurso de odio y la apología de la intolerancia.
Se lleven a cabo campañas públicas y educativas para fomentar una cultura de respeto a la diversidad y contra la intolerancia.
Atentamente,
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)