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Mesoamérica 31 de enero de 2018 – Por la presente, las más de mil mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra preocupación ante la grave situación de represión, violencia de Estado y vulneración a derechos humanos que atraviesa Honduras tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre y la oleada de protestas multitudinarias y movilizaciones ciudadanas generadas por las irregularidades, falta de transparencia e incertidumbre sobre el resultado.

Dichas irregularidades fueron evidenciadas por la misma Misión de Observación Electoral de la OEA, quien en su Informe concluye que las “irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados”1, en vista a lo cual la Secretararía General de la OEA hizo una llamado a realizar nuevas elecciones.2

No obstante las protestas y las conclusiones y advertencias de las instancias oficiales de derechos humanos y multitud de organizaciones de ámbito nacional e internacional, el Estado Hondureño optó por seguir adelante con el proceso de validación del resultado que suponía la reelección del presidente vigente, Juan Orlando Hernández, e incrementar su campaña de represión, violencia y hostigamiento contra la ciudadanía, desprestigio y estigmatización contra lideres y lideresas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el país.

Así, el 1 de diciembre, el Gobierno aprobó el Decreto No. 084/2017 referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República,3 y que suponía imponer el toque de queda, prohíbir la libre circulación de las personas, establecer el control sobre los medios de comunicación y legitimar a las fuerzas de seguridad para ejercer la violencia contra la población. Ello pese a que, según la CIDH: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.4

Como consecuencia de la suspensión de las garantías constitucionales y el uso sistemático de la violencia por parte del Estado para reprimir las protestas, hasta el 19 de enero, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, habían resultado muertas al menos 31 personas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han documentado más de doscientas personas heridas por arma de fuego o golpeadas brutalmente por las fuerzas de seguridad, más de mil detenidas, casos de trato cruel e inhumano5; así como ataques y campañas de desprestigio en contra de destacadas personas activistas, periodistas y defensoras de los derechos humanos que se han posicionado en contra del fraude electoral.6 Cabe destacar que muchas de estas agresiones han sido perpetradas por efectivos del ejército, hecho ante el cual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha externado recientemente su preocupación.7

La reciente celebración de un Paro Nacional, convocado entre el 20 y el 27 de enero por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, ha desatado una nueva oleada de represión y violencia de Estado, desoyendo el Gobierno todos los llamados y recomendaciones internacionales en relación al uso del diálogo y la no-violencia, con el ejército todavía en las calles y con un saldo de personas asesinadas, heridas, detenidas, perseguidas o hostigadas que no para de incrementarse.

Ante esta grave situación, la cual implica una vulneración general de los derechos humanos de los y las hondureñas, desde la IM-Defensoras instamos a las Relatorías de Derechos Humanos de la CIDH y Naciones Unidas para que tomen cartas en el asunto y a través de sus diversos ámbitos de incidencia incrementen su presión sobre el gobierno de Honduras para que:

• Restituya las garantías democráticas y garantice el legítimo derecho a la protesta de los y las hondureñas, así como la seguridad e integridad de quienes lo ejercen, especialmente de las mujeres y sus organizaciones, quienes están en primera línea de la lucha por los derechos humanos y políticos del pueblo hondureño.
• Se abstenga de utilizar al ejército para reprimir a la población, de acuerdo a lo demandado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
• Libere de inmediato y sin cargos a todas las personas detenidas de manera arbitraria.
  Garantice la investigación, juicio y castigo para los responsables de los más de 31 asesinatos ocurridos en el marco de las protestas contra el fraude.
• Se avenga a una revisión del proceso electoral que garantice un resultado acorde a la voluntad popular expresada en las urnas y el absoluto respecto a la democracia y los derechos políticos de los y las hondureñas.

Atentamente,

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

1 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/17
2 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
3 Gaceta número 34,506 del 01 de diciembre de 2017.
4 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?scodigo=cidh69/09
5 http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/01/Segundo-Informe-violaciones-a-DDHH-en-contexto-protesas-anti-fraude-en-Honduras.pdf
6 http://defensoresenlinea.com/condenamos-energicamente-ataques-y-campanas-de-desprestigio-en-contra-de-defensores-defensoras-y-lideres-sociales-en-la-coyuntura-post-electoral/
7 http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/19/honduras-onu-pide-al-regimen-no-usar-militares-en-contra-de-la-oposicion/