#AlertaDefensoras NICARAGUA / Criminalización contra la defensora y feminista Jennifer Brown, de Bluefields

Jennifer Brown

Actividad
Feminista y defensora de derechos humanos

Agresiones
Criminalización

HECHOS - Sobre las 5’15 pm del jueves 23 de agosto, agentes de la Policia Nacional se personaron en la casa de Jennifer Brown, en Bluefields, para entregarle una citación judicial para ese mismo día a las 7 pm.

Ante los requerimientos de la defensora sobre los motivos de la citación y sobre anormal el horario establecido para la misma, los agentes se limitaron a responder: “Usted llega en la noche y va a saber qué es”.

Jennifer Brown es una destacada feminista y defensora que, desde el inicio de la crisis política y de derechos humanos iniciada en Nicaragua el pasado 19 de abril, ha sido objeto de diversas amenazas por parte de funcionarios públicos y miembros de la Juventud Sandinista y hostigamiento en redes sociales, tal y como denunciamos en una #AlertaDefensoras colectiva emitida el 17 de mayo.

Tal y como han constatado instancias oficiales de derechos humanos como la CIDH, la estrategia actual del Estado nicaragüense para reprimir e inhibir la protesta social se basa en la criminalización y judicializacion de activistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por todo ello, desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüenese de Defensoras expresamos nuestra preocupación ante esta citación judicial y las anomalías que presenta y exigimos al Estado nicaragüense que se abstenga de cualquier acción criminalizadora contra la defensora Jennifer Brown, haciéndole responsable de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Asimismo, pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda a la brevedad posible las medidas cautelares solicitadas para Jennifer Brown.

Finalmente hacemos un llamado a las instancias y organizaciones internacionales de derechos humanos para que estén al pendiente del caso y se solidaricen con la defensora presionando para que cese la criminalización y persecución contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.


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