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Mesoamérica, 28 de noviembre de 2018 - El lunes 26 de noviembre, tras acudir a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Nicaragua atendiendo a una citación previa de dicha institución, la defensora de derechos humanos y feminista nicaragüense Ana Quirós fue ilegalmente retenida y posteriormente expulsada del país, siendo trasladada a territorio costarricense.

Ana Quirós es una destacada activista feminista, directora del  Centro de Investigación para la Salud, CISAS, con 43 años de vida y trabajo en Nicaragua, a donde llegó para contribuir a la reconstrucción del país tras el conflicto armado y el triunfo de la revolución sandinista.

Pese a que la defensora, de origen costarricense, cuenta con la nacionalidad nicaragüense desde hace veinte años y, por tanto, es ciudadana de pleno derecho de este país, las autoridades migratorias violaron sus derechos fundamentales y la legislación de Nicaragua al proceder a su deportación incumpliendo de manera flagrante el debido proceso, negándole incluso el derecho al amparo. Por lo que, a todos los efectos, Ana Quirós sigue siendo ciudadana nicaragüense y, por tal motivo, no debería haber sido deportada.

Esta actuación arbitraria e ilegal del Estado nicaragüense viene a sumarse a los diversos ataques, incluidos agresiones físicas, actos de vigilancia y asedio, de los cuales ha sido objeto la defensora desde el inicio de la crisis socio-política el pasado 18 de abril y que en fechas recientes se habían intensificado a través de una campaña de difamación, señalamiento y criminalización en redes sociales.

Esta agresión contra Ana Quirós no es una hecho aislado y se enmarca en la campaña  gubernamental de represión y persecución del movimiento feminista que se ha intensificado desde que el pasado 23 de noviembre la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, hiciera unas declaraciones señalando, criminalizando y usando el discurso del odio contra mujeres y organizaciones feministas del país.

Desde la IM-Defensoras:

• Condenamos esta gravísima violación a los derechos de la defensora y exigimos que pueda regresar a su país, Nicaragua, y restablecer su vida y cotidianidad y seguir ejerciendo, sin restricciones ni limitaciones de ningún tipo, su legítimo derecho a defender derechos.
• Demandamos un alto a la violencia contra las defensoras, organizaciones y movimientos feministas de Nicaragua; así como el cese inmediato de la represión y violencia contra líderes y movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y población en general y la liberación de presos y presas políticos.
• Llamamos a la solidaridad internacional feminista para acuerpar a las compañeras nicaragüenses y apoyarlas ante la brutal campaña de ataque y represión que están sufriendo por parte del Gobierno y sus aliados.