El lunes 7 de enero el gobierno de Guatemala comunicó al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, su intención de rescindir de manera unilateral e inminente el acuerdo suscrito con la ONU en 2007 para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Ello se produce en el marco de una intensa campaña de descrédito, difamación, criminalización y persecución contra la CICIG que en los últimos meses ha tenido episodios lamentables como la expulsión del país de 11 de sus integrantes el pasado mes de diciembre, o la retención arbitaria del investigador Yilen Osorio por más de 24 horas en el aeropuerto Internacional de la Aurora, el 5 de enero, contraviniendo las órdenes de la Corte de Constitucionalidad. Dicha campaña de difamación se extiende a organizaciones y personas defensoras de derechos huamanos y periodistas que han manifestado públicamente su apoyo a la CICIG y denunciado los atropellos cometidos contra la misma.
En el marco de lo que promovían los Acuerdos de Paz, la CICIG ha desarrollado un trabajo clave para el fortalecimiento de la justicia y el estado de derecho, así como en la lucha contra la impunidad y la corrupción a través de la desarticulación de redes criminales e investigaciones que han evidenciado el presunto involucramiento en las mismas de altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Además, la labor de la CICIG es un pilar fundamental para la defensa y protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por todo ello, la revocación de su mandato supone dejar en la indefensión a la población guatemalteca y exponer a una mayor vulnerabilidad a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Desde la IM-Defensoras exigimos al Gobierno de Guatemala que respete el acuerdo firmado con la ONU y que se garantice que todas las personas que la integran puedan llevar a cabo su labor con plena normalidad, sin ningún tipo de restricción, coacción ni intimidación.
Asimismo exigimos el cese inmediato de la campaña de descrédito, difamación y criminalización contra la CICIG, sus integrantes y las organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que la apoyan.
