LOURDES ELIZABETH GÓMEZ RODAS
Organización
Comité Municipal en Defensa de los Bienes Naturales y Públicos, Comité en Defensa del Río Guapinol
Actividad
Defensa de los bienes comunes
Agresiones
Criminalización
HECHOS - El viernes 22 de febrero Lourdes Gómez, junto con otros 12 integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Naturales y Públicos y del Comité en Defensa del Río Guapinol comparecieron voluntariamente ante los tribunales en relación a un proceso de criminalización en el que se les acusa por el delito de usurpación y daños. Pese a que el Ministerio Público declaró que no había otros requerimientos fiscales contra estas personas, al momento de la presentación se les comunicó la existencia de otros requerimientos por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, asociación ilícita y robo, los cuales implican privación de la libertad, en que se criminaliza a 32 defensores incluyendo nuevamente a Lourdes Gómez.
La comunidad de Guapinol se halla en resistencia ante la imposición ilegal de una explotación minera de la empresa Inversiones Pinares, cuya actividad afecta a una área protegida, el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, renombrado posteriormente “Carlos Escaleras Mejía”, donde está prohibido realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, por tratarse de una zona de recarga hídrica y de toma de agua donde se abastecen una decena de comunidades del municipio de Tocoa, Colón.
En Honduras es una constante la complicidad del Estado con empresas privadas, anteponiendo los intereses de éstas al interés publico y a los derechos humanos de las comunidades, a través del uso sistemático de la criminalizacion de las personas defensoras o del uso de las fuerzas públicas de seguridad para reprimir a la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la criminalización de Lourdes Gómez y otras 31 personas que defienden los bienes comunes en Tocoa y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con ellas y se mantenga al pendiente de la situación.
