LEER/DESCARGAR COMUNICADO

San José- Managua, 3 de junio de 2019.- A 15 días de que venza el plazo que el gobierno de Nicaragua fijó para la liberación absoluta de las personas privadas de libertad de manera arbitraria, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lanzan una campaña para exigir que el Estado de Nicaragua cumpla con el plazo establecido como máximo.

La iniciativa digital se enmarca en el debate para dar salida a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde abril de 2018, cuando gran parte de la población fue reprimida, atacada y encarcelada por ejercer su derecho a la protesta social.

“Para CEJIL es imprescindible que los líderes y lideresas sociales que aún se encuentran bajo privación de libertad de manera arbitraria recuperen su libertad de inmediato, acorde al compromiso que asumió el Estado”, declaró Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nos preocupan las condiciones de extrema precariedad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante al interior de los penales, incluyendo violencia sexual, a la que siguen expuestas las mujeres presas políticas que permanecen privadas de libertad. Por esta situación, nos urge su liberación y que se garanticen su integridad física y moral, haciendo responsable al Estado de cualquier consecuencia sobre su salud”, agregó a través de una declaración oficial IM-Defensoras.

"Raza e Igualdad considera que la liberación de presos y presas políticas no debe tener dilaciones, aún más cuando en el último mes han quedado evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentran la vida e integridad personal de estas personas", dijo Ana Bolaños, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad.

Las organizaciones coordinadoras de la campaña exigen, además de la liberación de presos y presas políticas, que se cierren los procesos penales iniciados como represalia al ejercicio de la protesta social y como forma de amedrentar a la disidencia política.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado que diera respuesta pronta ante la incertidumbre que se encuentran las personas, sometidas a procesos penales espurios y violatorios de sus derechos. Esto, en la resolución de medidas provisionales en favor de 17 personas privadas de libertad, que aún no han sido liberadas en su totalidad.

La campaña se extenderá hasta el 18 de junio, el último plazo que tiene el gobierno de Nicaragua para cumplir con su compromiso.