Foto: Movimiento Autónomo de Mújeres (MAM Nicaragua)
"La Enredadera" es un espacio de opinión abierto a todas las defensoras de derechos humanos. |
Por Pere Perelló
Artículo de opinión para el espacio "La Enredadera"
Mayela Cruz es una mujer transgénero de Yalagüina, un municipio ubicado en el norte del país. Ella fue una de las personas que lideraron las protestas contra el gobierno en su comunidad, Salamasí, en mayo de 2018.
El 10 de diciembre de 2019, un día después de haber participado en una protesta para exigir la libertad de un grupo de jóvenes detenidos mientras participaban en el velorio de un joven fallecido por una negligencia médica, varias patrullas de la policía llegaron a su casa y la detuvieron sin que existiera ninguna orden judicial que permitiera su captura. Desde entonces permanece encarcelada en las celdas preventivas del cuartel de policía de Somoto, a la espera de juicio por un supuesto delito de “obstrucción de funciones”.
Tras la excarcelación masiva del pasado 30 de diciembre, Mayela es la única mujer del grupo de 65 personas presas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.1
¿Por qué no ha sido ella ex-carcelada? Su condición de mujer transgénero podría ser una respuesta suficientemente verosímil y sencilla, pero a la que sin duda también cabe añadir otras causas menos evidentes que apuntan tanto a las intenciones del Gobierno como a hacer patentes los retos que medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales tenemos pendientes de cara a consolidar una dimensión más genuinamente colectiva y desprejuiciada de los activismos, más allá de carismas y liderazgos individuales.
Es posible que el perfil bajo de Mayela haya influido en el hecho que el gobierno no haya considerado necesario incluirla en lo que, lejos de ser un punto de inflexión en la estrategia de represión gubernamental -intensificada en los últimos meses-, no pretendía ser más que un acto de simulación ante la opinión pública. La criminalización, hostigamientos y violencias paramilitares y estatales que siguen enfrentando las presas políticas excarceladas, así como muchas otras activistas y defensoras de derechos humanos, son prueba fehaciente de la nula intención del Gobierno para retroceder en su estrategia para silenciar la disidencia.
El hecho es que Mayela sigue injustamente privada de libertad y enfrentando unas condiciones que muchas veces quedan invisibilizadas tras esa expresión que tan a menudo escuchamos y pronunciamos, “presas políticas”, sin detenernos a pensar de una forma más empática en su significado y en lo que más allá del adjetivo “políticas” permanece oculto tras el sustantivo “presas” o, más bien, “presa”, porque lo que le sucede a un cuerpo, le sucede estrictamente a éste, de una manera particular y dolorosamente intransferible, y lo marca de por vida.
Existen multitud de testimonios de las mujeres que han sido privadas de libertad en el marco de la crisis nicaragüense: nos hablan de condiciones precarias de hacinamiento, insalubridad e inhumanidad que se desprenden de un modelo de “impartición de justicia”, fundado en el castigo, y que comparten con el resto de “presas”, las llamadas -de manera tan desafortunada- “comunes”; además de ello, las presas políticas han enfrentado torturas, agresiones físicas y sexuales, así como la vulneración sistemática de derechos como el de las visitas familiares o el acceso a la atención médica, entre muchos otros ejemplos de tratos crueles e inhumanos.
En el caso de las presas trans, como Mayela, se añaden humillaciones y desprecio a su identidad de género, confinándolas en cárceles para hombres en un país donde no existe ningún ordenamiento jurídico que garantice los derechos de las comunidades LGBTTTIQ+.
A todo lo descrito es a lo que sigue expuesto el cuerpo de Mayela Cruz.
Exigir su libertad no sólo es una cuestión de justicia o de estrategia política para seguir desenmascarando a un gobierno represor y fraudulento que, amparado en una retórica falsamente revolucionaria, ha acabado por reproducir todo aquello contra lo que hace unas décadas se levantaron miles de nicaragüenses, en absoluta sintonía con los gobiernos corruptos y autoritarios de otro países de la región como Honduras, Guatemala, Colombia, Chile o Brasil.
Exigir su libertad es una cuestión de ética, de empatía con una mujer que vive una situación injusta, dolorosa e inhumana.
Acuerparla también significa tratar de sentir en nuestros propios cuerpos aquello que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, ella vive en su cuerpo confinado tras unas rejas, entre cuatro paredes, expuesta a humillaciones y a la negación de aquello que ella ha decidido ser, bajo el clima, tan tropical como opresivo, de una Nicaragua que ha dejado de ser el símbolo de esperanza que un día fue para muchas personas en todo el mundo para convertirse en una pesadilla, en una decepción de magnitud imperdonable.
1 No obstante, existen evidencias de que también la joven Katherin Martínez podría ser considerada presa política. Katherine es una joven de 18 años que cursaba tercer grado de secundaria y trabajaba como niñera. Ella fue una de las muchas personas que en abril de 2018, al estallar la crisis política, acudió a apoyar las protestas del movimiento estudiantil en Managua, llevando comida y agua a los plantones. El 20 de noviembre de 2019, la policía irrumpió en su casa buscando a las personas responsables de una explosión en el sector Américas 3 de Managua y se la llevaron detenida junto a su novio bajo la acusación de traficar con estupefacientes. Dicha acusación se basa en las supuestas sustancias que la policía afirma haber encontardo durante el registro de la casa. Tras pasar una semana en el El Chipote, Katherine fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza, donde todavía hoy permanece privada de libertad.