SANDRA PENICHE QUINTAL

Organización
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva

Actividad
Derechos sexuales y reproductivos

HECHOS - Al mediodía del viernes 24 de abril, tres agentes de la policía municipal de Mérida, estado de Yucatán; dos de ellos integrantes del equipo antimotines, arribaron a la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, que dirige la médica y defensora de derechos humanos Sandra Peniche Quintal y amenazaron con detener a la administradora y a dos personas más que trabajan en la clínica realizando labores de limpieza. 

Primero las acusaron de estar robando y, después, les cuestionaron que trabajarán y brindarán servicios en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19. La administradora respondió señalando que, al tratarse de una clínica que brinda servicios de salud, su actividad es considerada esencial; lo que aumentó la molestia de los agentes, quienes exigieron la presencia de la directora, la defensora de derechos humanos y directora de la clínica, la Dra. Sandra Peniche.Finalmente, los agentes optaron por retirarse. 

Cabe señalar que la defensora Sandra Peniche cuenta con medidas derivadas del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a un intento de asesinato ocurrido en el 2018; sin embargo ninguna de las medidas contempla rondines a cargo de la policía municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Estos hechos se suman a recurrentes actos de hostigamiento e intimidación, tanto por parte de particulares como de autoridades municipales y estatales de Yucatán, focalizados particularmente en la médica Sandra Peniche Quintal por su labor de defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en esa entidad.

La Red Nacional de Defensoras de DDHH y la IM-Defensoras expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que autoridades de ámbito municipal y estatal de Yucatán utilicen la emergencia sanitaria para intimidar, hostigar y agredir a las defensoras de derechos humanos de esta entidad, en donde por decreto del ejecutivo estatal se han limitado de forma absurda e inconstitucional diversos derechos de la población yucateca. 

Por este motivo, instamos al gobierno municipal de Mérida y al gobierno estatal de Yucatán a que generen condiciones de protección y seguridad para garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

También hacemos un llamado a los organismos internacionales de protección de derechos humanos para que estén atentos de la seguridad de las defensoras de derechos humanos en el estado de Yucatán y para que realicen los pronunciamientos correspondientes, ya que éstas están siendo sujetas de vigilancia, intimidación y amenazas por parte de agentes del estado, quienes han utilizado la emergencia sanitaria para justificar su actuación.

Con relación a ello, recordamos que durante los meses de marzo y abril, son varias las defensoras de derechos humanos de Yucatán que, hemos registrado y denunciado,  han vivido diversas agresiones e incumplimiento de medidas de protección: son los casos de Adelaida Salas, Rosa Elena Cruz Pech y, nuevamente, Sandra Peniche.