María Exania Lagos Rugama
Organización
Alianza Cívica de Estelí
Actividad
Derecho a la salud
HECHOS - El 9 de junio, el Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) notificó a la doctora María Lagos su despido del hospital público San Juan de Dios, en Estelí, donde llevaba 28 años trabajando como pediatra neumóloga. Según la doctora, la Federación de Trabajadores de la Salud (FedSalud) exigió su despido por haber repartido materiales de protección para COVID-19 entre el personal de salud de este hospital.
Con anterioridad María Lagos había sido objeto de campañas de descrédito, señalamientos, amenazas y acoso en redes sociales por su postura crítica ante el Gobierno y su participación en las protestas masivas desde abril de 2018. Estas campañas se habían reactivado durante los días previos a su despido, cuando volvió a circular a través de whatsapp un mensaje de octubre de 2019 en las que se expone su foto, la de su hijo y su marido, se la amenaza y señala como “terrorista” y “golpista” y se exige su despido.
Desde abril de 2018, los ataques se han dirigido a toda la familia, pues tanto su esposo como su hijo, también médicos de profesión, fueron despedidos de sus puestos de trabajo en hospitales públicos por su activismo.
Cabe destacar que el despido de la doctora María Lagos no es un hecho aislado, pues desde el 9 de junio al menos 13 personas, entre ellas 7 médicas especialistas, han sido despedidas de hospitales públicos por denunciar falta de condiciones, materiales y medidas de protección necesarias ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras denunciamos por improcedente el despido de la doctora María Lagos y repudiamos las amenazas, señalamientos y descrédito que enfrenta tanto ella como su familia, haciendo responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado contra su integridad.
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse al pendiente de la situación en Nicaragua, donde la crisis generada por la COVID-19 y el negacionismo del gobierno ante la misma, se ha convertido en un nuevo pretexto de éste para perseguir a las voces disidentes, tomando medidas arbitrarias que debilitan todavía más el sistema público de salud y ponen en riesgo la salud y la vida de toda la población nicaragüense, especialmente la más vulnerable.
