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12 de junio de 2020. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nuestra alarma por la represión que continúa en Nicaragua, el rápido deterioro de la situación frente a la expansión del COVID-19, la ausencia de respuesta del Estado, y la renuencia del Estado a dar respuesta a los llamados realizados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8). 

En vista de lo cual una nueva resolución (A/HRC/43/L.35) fue propuesta durante la 43a sesión del Consejo de Derechos Humanos, sesión que se suspendió por la situación derivada del COVID-19 y que se ha decidido reanudar el 14 de junio con la votación de la misma entre los puntos de la agenda. En este marco, las organizaciones que suscribimos el presente, hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en particular los Estados Latinoamericanos y Caribe, a adoptar una posición de principios y a apoyar activamente la adopción de dicha resolución, teniendo en consideración: 

1. Las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018 Aún durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, en Nicaragua continúan utilizándose de manera sistemática métodos represivos como asedio, hostigamiento, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, familiares de las víctimas de la represión y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir. 
2. Las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua En el marco de la pandemia, desde las altas esferas del Gobierno no se han atendido las propuestas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos sobre la implementación de medidas de distanciamiento social y aislamiento para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Más bien, se han reportado represalias, amenazas y despidos en contra de médicos que han exigido al Gobierno medidas para enfrentar a la COVID-19 y que han compartido públicamente la situación en hospitales públicos. 
3. El irrespeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión En el marco del segundo aniversario desde las protestas de abril 2018, varios ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por la Policía, especialmente en la Isla de Ometepe y la ciudad de Masaya. Al menos once personas fueron arrestadas y remitidas a juicio bajo acusaciones de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio frustrado y daños. Además, mientras el Ejecutivo incita la participación en eventos masivos en el espacio público en plena crisis sanitaria, aún continúa vigente la restricción policial para ejercer el derecho a la manifestación. 
4. Las detenciones y reclusiones arbitrarias para reprimir a la disidencia El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. La cifra de presos políticos es de 86 hasta el mes de mayo, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos. El 13 de mayo, el Gobierno excarceló bajo el régimen de convivencia familiar a 2,815 reos comunes, pero ninguno de ellos era prisionero político. Los familiares de los opositores encarcelados temen que un brote de COVID-19 sea letal dentro del Sistema Penitenciario Nacional, donde según afirman los familiares de prisioneros políticos, habría más de treinta prisioneros que presentan los síntomas del COVID. 
5. La falta de garantías de entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas A pesar de las comunicaciones enviadas por varios mandatos de Procedimientos Especiales, hasta la fecha no se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas arbitrariamente y sus bienes siguen bajo ocupación de la Policía. Los defensores de derechos humanos siguen trabajando a pesar de las represalias, bajo prohibiciones y acusaciones de terrorismo. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año. Las autoridades continúan empleando un discurso estigmatizante en contra de los periodistas y opositores, como en el recién publicado “Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de Covid-19: una estrategia singular”. 
6. La falta de garantías de independencia e imparcialidad del sistema de justicia Con las últimas detenciones arbitrarias y el inicio de nuevos juicios irregulares para ciudadanos opositores, queda en evidencia que el sistema judicial sigue cooptado por el partido en el gobierno, y continúa siendo una pieza clave en la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Recientemente, uno de los jueces que procesó a decenas de manifestantes en juicios carentes de garantías del debido proceso, Edgar Altamirano, fue ascendido por la Corte Suprema de Justicia a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada. 
7. La necesidad de adoptar un plan de acción integral orientado hacia la rendición de cuentas, de forma inclusiva y centrado en las víctimas A la fecha, las iniciativas emprendidas por el Gobierno el año pasado orientadas a la rendición de cuentas no se han desarrollado de forma inclusiva y centrada en las víctimas y los sobrevivientes de la violencia letal ocurrida desde abril de 2018. La Ley de Amnistía fue adoptada de forma unilateral por las autoridades y perpetúa la impunidad, mientras que la Ley de Atención Integral a Víctimas no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y señala a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco ha rendido cuentas sobre los más de 300 asesinatos ocurridos en 2018 ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes, como recoge el informe de la OACNUDH “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. Esto ha impedido que se garantice el acceso a la verdad, justicia y reparación. 
8. La falta de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH El Gobierno tampoco ha reanudado su cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos y sus mecanismos, sin responder a comunicaciones de los Procedimientos Especiales desde noviembre de 2018. Inclusive, se ha negado a informar sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional y ha presentado información estadística de manera irregular. Esto ha provocado que los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tengan aún acceso a hospitales ni información detallada sobre las personas contagiadas, en seguimiento o fallecidas. 
9. La continuación de actos de intimidación o represalia para quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales En el último informe sobre represalias de la OACNUDH se documentaron al menos 23 casos de acoso y persecución contra personas que comparten información sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un caso emblemático fue el de Amaya Coppens, arrestada en noviembre de 2019 junto con 15 personas que llevaban agua a madres de presos políticos en huelga de hambre. Coppens había asistido tres meses antes al Consejo para denunciar violaciones de derechos humanos en su país. 
10. La renuencia a reanudar el diálogo nacional El Gobierno ha descartado su participación futura en una mesa de diálogo, y tampoco ha mostrado disposición a dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos. 
11. La falta de implementación de reformas jurídicas e institucionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles Durante este año preelectoral, no se han implementado, discutido ni iniciado negociaciones sobre las reformas electorales, aun cuando a inicios del 2020 la Asamblea Nacional agendó este tema. A pesar de que decenas de organizaciones sociales diseñaron una propuesta de reforma electoral en diciembre de 2019, esta no fue atendida por las autoridades. Siendo que las elecciones están previstas a desarrollarse en el 2021, es fundamental que se retome dicha reforma y la misma se consensúe con amplios sectores políticos y sociales, y con el apoyo de la OEA. 
12. Otros asuntos de preocupación Preocupa la situación en el Caribe de Nicaragua, donde las comunidades afro e indígenas han sido históricamente discriminadas, víctimas de actos de violencia e invasión de sus territorios con la aquiescencia y/o cooperación del Estado. En el contexto de la COVID-19, el acceso a servicios de salud es limitado, hay desabastecimiento de medicinas y falta personal de salud entrenado. Además, desde 2018 más de 100,000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua, principalmente a Costa Rica, sin que hasta el día de hoy existan las garantías para un retorno pronto y seguro. 

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a las misiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que copatrocinen y aprueben esta nueva resolución, teniendo en cuenta que esta cumple con los “criterios objetivos para la acción del Consejo”, los que se toman en cuenta para decidir cuándo este debe “comprometerse con un Estado para prevenir, responder o abordar violaciones y ayudar a reducir la escalada de una situación de preocupación”.

Esta resolución permitirá que la OACNUDH y la comunidad internacional sigan monitoreando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, y refuercen su rol de prevención frente al rápido deterioro de la situación nacional. 

Suscriben: 

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
Servicio International para los Derechos Humanos (ISHR)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
Asociación Madres de Abril (AMA)
Mesa Nacional LGBTIQ+ Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Instituto de Liderazgo de Las Segovias
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras)
Fundación Puntos de Encuentro
Grupo Lésbico feminista Artemisa
Colectivo de Mujeres 8 de marzo
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
100% Noticias
Radio Darío
Gobierno Comunal Creole de Bluefields
Organización de Mujeres Afrodescendiente de Nicaragua (OMAN)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
Mujeres en Acción Costa Rica
Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
CLADEM Bolivia
CLADEM Argentina
Articulação de Mulheres Brasileiras AMB
Mujeres en Acción Costa Rica
Red Juvenil Centroamericana Previos
Asociación Juvenil Decide
Articulación Feminista Marcosur