Este 20 de agosto en la madrugada, la Policía Nacional Civil de El Salvador (PCN) y de las “Unidades de Mantenimiento del Orden” (UMO) desalojaron violentamente a 10 personas pobladoras del municipio de Cuisnahuat. Además han destruido infraestructura comunitaria, como un pozo de de agua que servía para abastecer a la comunidad. El asedio continúa en estos momentos.
Desde el 27 de julio personas del municipio de Cuisnahuat en El Salvador se organizaron para resguardar el parque municipal, lugar patrimonial para los habitantes, el cual está en peligro inminente de destrucción para la construcción de una plaza comercial. Dicho proyecto no cuenta con permisos ambientales o consulta popular. Las personas del municipio no se oponen al proyecto, sino al lugar en el cual la alcaldía insiste en realizarlo.
Por su lado, el alcalde Ernesto Gustavo Sierra, se ha opuesto a dialogar con los habitantes, ha amenazado y atentado contra la integridad física de miembros de la Asamblea Popular de Cuisnahuat, quienes resguardan el lugar.
Desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, nos solidarizamos con las personas defensoras de la Asamblea Popular de Cuinshauat, y reconocemos su labor en la defensa del territorio. Las personas del municipio tienen derecho a defender sus tierras, recurso hídrico y bienes patrimoniales.
Repudiamos las acciones del alcalde Ernesto Gustavo Sierra. Hacemos un llamado a los Juzgados Ambientales para mediar ante esta situación. También al Ministerio de Medio Ambiente, para que verifique el proceso desde una perspectiva de resguardo de los bienes comunes de la comunidad.
Pedimos a la Procuraduría de Derechos Humanos que ejerza un rol de mediación entre el gobierno local y la comunidad y a la Fiscalía General de la República para que investigue el posible abuso de poder y uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la PCN y UMO.
Exigimos al Estado Salvadoreño que garantice la protección integral de las personas defensoras y habitantes del municipio, así como de sus bienes patrimoniales, y derecho al resguardo de tierra y territorio.
Alerta El Salvador 20 agosto