Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos - Ante los hechos de violación de derechos humanos y violencia por odio por parte de agentes uniformados de la PNC en contra de Fernanda y Valentina, desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos vemos con profunda preocupación el rol que están ejerciendo servidores públicos respecto a la violencia contra las mujeres y defensoras de derechos humanos.
Mientras que el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Seguridad Rogelio Rivas, aseguran que las mujeres en El Salvador estamos más seguras, en relación a la disminución de cifras de violencia feminicida, por otro lado vemos otras violencias que están ocurriendo y afectando la calidad de vida y seguridad de las mujeres.
Según el informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, elaborado a través de los datos registrados por las distintas redes de defensoras en Mesoamérica, incluida la Red Salvadoreña, se observa cómo la violencia contra las mujeres tiene muchas maneras de manifestarse. Lamentablemente, en el caso de El Salvador, el mismo funcionariado público está ejerciendo un rol que pone en riesgo la vida de mujeres y defensoras.
Se orquestan campañas de desprestigio, hostigamiento y ciber ataques en contra de defensoras de derechos humanos en redes sociales, acciones que se legitiman a través de un discurso de odio, antiderechos, sexista y de violencia.
También se hace un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, a quienes se les otorga protagonismo bajo el supuesto de ser los principales responsables de la seguridad de la ciudadanía. En contraste, vemos como el poder depositado PNC y fuerza armada, repercute en hechos lamentables como el caso de Fernanda y Valentina, así como los trágicos feminicidios de Zulma Yamileth Valencia el pasado 10 de mayo o Camila Díaz en enero 2019 en manos de la PNC.
Por tanto, este día hacemos un llamado al Estado salvadoreño para que asuma un rol reparador y la posibilidad de sentar un precedente en la lucha contra la discriminación y violencia contra las mujeres y disidencias sexuales, estableciendo los mecanismos adecuados de reparación con las sobrevivientes, y las investigaciones y sanciones correspondientes con los perpetradores. Ningún crimen de odio, ni de violencia contra las mujeres debe quedar impune. De igual forma, al funcionariado público, para que se abstengan de expresiones que legitiman la violencia contra las mujeres.
Y con la PNC, para que se limiten de perpetrar actos que van en contra de la dignidad humana, tomando en cuenta que el surgimiento de este organismo estatal ha sido resultado de los Acuerdos de Paz, con el propósito de desmilitarizar el país, y contar con un cuerpo policial que debe poner en el centro el ejercicio pleno de la ciudadanía, su protección y garantía de derechos humanos.
A la FGR para que investigue y procese a los responsables y al ISDEMU y a la PDDH a que en el cumplimiento de sus funciones brinden el debido acompañamiento a las sobrevivientes y velen por el respeto y garantía de sus derechos.
Por último, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a las sobrevivientes de violencia. Nos sumamos a la Colectiva Feminista, el movimiento feminista y organizaciones LGBTIQ+ en este acompañamiento, y en la labor como defensoras de mantener una postura crítica y llevar hasta las últimas consecuencias hechos que violan una vida libre de violencia contra las mujeres.