Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras - El lunes 26 de octubre, cerca de las 5:00 de la madrugada, 3 compañeros y 3 compañeras integrantes del COPINH fueron detenidas ilegalmente por defender y recuperar sus territorios en la comunidad de El Achotal, departamento de Siguatepeque.

Según denuncia del COPINH, miembros de la Policía Nacional irrumpieron de manera violenta en las casas de los y las compañeras, quienes fueron detenidas sin haberles presentado una orden de captura y allanamiento.

Doris Pérez, María Lidia Díaz, Juana Fúnez, Abraham Hernández, Adalberto Mazariego y José del Carmen Sanchez, se encuentran detenidos y a la espera de la audiencia de imputados. Ellos y ellas forman parte de un proceso de recuperación de tierra y junto a la comunidad del Achotal han sido víctimas de múltiples ataques vinculados al desalojo de sus territorios.

El pasado jueves 15 de octubre, otras compañeras de la misma comunidad fueron privadas de su libertad y en audiencia el sistema de justicia resolvió otorgarles medidas sustitutivas por los delitos de usurpación, tala ilegal del bosque y roturación de la tierra. Medidas que les obligan a presentarse semanalmente a un juzgado y les prohibe ejercer su derecho legítimo a trabajar la tierra.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos la sistemática persecución y criminalización de la defensa del territorio que además coloca en riesgo la seguridad alimentaria y la vida misma de los y las defensoras y sus familias al negarles el derecho a trabajar por su sustento.

Denunciamos que el allanamiento ejecutado por la Policía Nacional, constituye una violación a la Constitución de la República, que en su artículo 99 expresa que el domicilio es inviolable y ningún ingreso podrá realizarse sin consentimiento de quien lo habita o resolución de la autoridad competente. Así mismo, dicta que el allanamiento del domicilio no se podrá realizar de las seis de la tarde a las seis de la mañana sin incurrir en responsabilidad.

Lo mencionado anteriormente evidencia la ilegalidad del accionar de los órganos de seguridad del Estado y por ello exigimos la inmediata liberación de nuestras compañeras y compañeros y el cese de la judicialización de las personas que defienden su derecho a la tierra.

Hacemos un llamado urgente a la denuncia y exhortamos a los organismos de derechos humanos a acuerpar al COPINH y a la comunidad sistemáticamente agredida del Achotal.