El informe sobre la situación de personas defensoras y periodistas en México sostiene que la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México es más urgente que nunca.
Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020.
Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020, 7 mujeres y 23 hombres, por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el .
El informe, desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Este deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión se da un contexto en el que resulta indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos ante las medidas adoptadas por distintos niveles de gobierno que han restringido o directamente violado derechos humanos.
Entre las medidas adoptadas por el Estado que requieren un ejercicio de escrutinio y control público y de órganos de protección internacional destacan las políticas de austeridad, las cuales afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos como el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas; la formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad; el enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel. Estas prácticas se dan en el contexto de la aplicación de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones; la continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos; las medidas de control migratorio; y la sostenida crisis de desapariciones en el país.
Aún cuando el contexto demanda el pleno ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libre expresión, las condiciones para hacerlo se han deteriorado. Según información de la RNDDHMX, entre enero y junio de 2020, 266 mujeres y 42 colectivos experimentaron agresiones por su labor. Por su parte, quienes ejercen el periodismo fueron víctimas de 63 agresiones tan solo en el periodo entre marzo y junio de 2020. Los recursos para exigir derechos se vieron afectados por la suspensión de términos judiciales y plazos de solicitud de información, impactando desproporcionadamente a las personas defensoras del territorio mientras se permitía la continuidad de megaproyectos; y a las personas que acompañan a la población migrante. Por su parte, cuatro asesinatos de defensoras trans marcaron un año particularmente crítico para la comunidad LGBTTTIQA+. Finalmente, las víctimas y familiares en labores de búsqueda vieron afectadas sus actividades por el impacto económico de la pandemia y las dilaciones por parte de autoridades.
El informe concluye con la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.
De manera particular, la investigación insta a las autoridades a reconocer el trabajo de las mujeres defensoras por una sociedad más justa y equitativa, además de exigir investigación y sanción a las personas responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el año 2020.