La activista y presa política Julia Hernandez ha sido condenada, por la Jueza Irma Oralia Laguna, a una pena de 18 años de prisión y una multa de más de 50 mil córdobas por delitos fabricados relacionados con narcotráfico y tenencia de armas de uso restringido.
Julia fue criminalizada y permaneció privada de libertad desde el 7 de enero del 2021. Ese día policías antimotines ingresaron ilegalmente a su domicilio en Masaya acompañados de perros, supuestamente en busca de armas y drogas y, pese a no encontrarse indicios delictivos, se llevaron detenido a su esposo, Eduardo José Morales Gadea, e incautaron los celulares y los documentos de identidad de ambos. A continuación obligaron a Julia a acompañarlos a otra propiedad familiar que está en construcción, ubicada también en Masaya, procediendo al allanamiento ilegal y revisión de la misma, donde tampoco encontraron nada, según testimonio de personas del vecindario. Julia estuvo desaparecida por ocultamiento de paradero durante aproximadamente 15 días. Ya que después de eso, ya no regresó a su hogar y hasta el 22 de enero, le permitieron llamar a su familia. Se supo que había sido trasladada al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujer (EPIM), conocido como “La Esperanza”, y acusada, junto a su esposo, de la supuesta comisión de delitos de “tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos”.
Desde el estallido de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, Julia Hernádez ha tenido un papel muy activo en las protestas contra el gobierno llevadas a cabo en Masaya. Como consecuencia de ello, en noviembre de 2019 estuvo ilegalmente detenida durante nueve días sin que se levantasen cargos en su contra.
La detención, judicialización y condena de Julia Hernández ha estado plagada de irregularidades, al punto que en marzo el juicio tuvo que ser suspendido por falta de pruebas por parte de la Fiscalía. Las violaciones al debido proceso presentes en el caso de Julia, son consistentes con un mismo patrón de criminalización de la propuesta social, similar al aplicado contra otras personas presas políticas en Nicaragua, a quienes se les fabrica e imputa cargos delictivos relacionados con narcotráfico y uso de armas, para aplicarles condenas elevadas a manera de escarmiento y con el objetivo de generar miedo entre la población y desincentivar las protestas contra el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la también presa política María Esperanza Sánchez.
Asimismo, es importante destacar que Julia padece diabetes y tiene personas dependientes a su cargo: un hijo de nueve años y su madre, quien es una persona adulta mayor y con discapacidad. La criminalización y agresiones sufridas tanto por Julia, como por su esposo, han tenido un gran impacto en su familia, especialmente su madre e hijo, que se encuentran en una situación vulnerable tanto económicamente como a nivel psico-emocional, a quienes también afecta el estigma de los delitos falsamente imputados a Julia y su esposo.
Desde la IM-Defensoras denunciamos la criminalización y condena absolutamente arbitraria e injusta de Julia Hernández, la cual ha venido precedida de una detención ilegal y la violación de sus garantías procesales y hacemos responsable al Gobierno de Nicaragua de cualquier vulneración a su integridad física y psicológica.
Julia Hernández no ha cometido ningún delito y debe ser liberada y regresar a casa de inmediato. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice y se mantenga al pendiente de su situación, uniéndose a la exigencia de libertad para ella y para el resto de personas presas políticas que permanecen injustamente privadas de libertad en Nicaragua.