Durante la última semana, coincidiendo con la reciente conmemoración del tercer aniversario del estallido social de abril de 2018 en Nicaragua, desde la IM-Defensoras hemos denunciado una serie reiterada de agresiones policiales contra integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
El pasado 20 de abril, sólo un día después de que policías rodearan a madres de víctimas de abril de 2018, las hostigaran y les decomisaran libros conmemorativos de sus hijos asesinados, más de tres patrullas con unos 40 agentes de policía del Departamento de Operaciones Especiales (DOEP) llegaron a la casa de Francys Valdivia, presidenta de la AMA, con el objetivo de impedir la realización de un oficio religioso en memoria de su hermano, Franco Valdivia, una de las víctimas de abril de 2018. Los policías agredieron a Francys, a su madre y a cuatro personas más y se las llevaron detenidas de manera ilegal, dejándolas en libertad una hora después.
Dos días después, el 22 de abril, cuando la Asociación de Madres de Abril se disponía a realizar la denuncia del hecho vivido el día 20 de abril en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), tres patrullas de la policía con más de 50 agentes antimotines hicieron acto de presencia y entorpecieron la labor del CENIDH mientras documentaba la denuncia sobre las detenciones y agresiones vividas por integrantes de la AMA. Estos actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos integrantes del CENIDH y AMA es expresión generalizada de la estrategia de represión con la que el gobierno pretende callar las voces de quienes, como el CENIDH, pese a la adversidad continúan defendiendo los derechos humanos en Nicaragua.
Cabe señalar que desde la IM-Defensoras se ha registrado en el primer trimestre un aproximado de 540 agresiones a defensoras, entre ellas, compañeras que cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales emitidas por la Corte interamericana de derechos Humanos, estas agresiones, incluyen actos de vigilancia y hostigamiento, vulneraciones a la libertad de expresión, reunión y movimiento, amenazas y persecución. Como principales responsables de estas agresiones se han identificado a policías y personas armadas de civil.
Dado todo lo anterior, expresamos nuestra preocupación por la integridad y seguridad de las defensoras y sus familias; por lo que exigimos el respeto a su integridad así como a su derecho a la libertad de expresión y circulación. De igual manera demandamos exigimos el cese de la represión y hostigamiento a personas organizadas en espacios de activismo y participación política, especialmente, a mujeres y defensoras de derechos humanos, que es parte de la estrategia de desmovilizar las acciones de cara a la organización popular ante las posibles elecciones 2021.