El Estado de El Salvador tiene hasta el próximo jueves, 10 de junio, para responder a la solicitud de información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la situación de seguridad de la abogada y defensora salvadoreña de derechos humanos Bertha Deleón y sus familiares. 

El requerimiento de la CIDH se llevó a cabo el pasado 3 de junio, una semana después de que la abogada independiente Ruth López Alfaro, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaran medidas cautelares para ella y sus familiares. 

Bertha Deleón está enfrentando una campaña de estigmatización, hostigamiento y criminalización a raíz de una denuncia del político Walter Araujo, cercano al presidente Nayib Bukele y al partido de gobierno Nuevas Ideas. La denuncia de Araujo se produjo después de que la abogada lo demandara ante la Fiscalía General de la República por el delito de Expresiones de Violencia Contra las Mujeres. Según las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares, esta campaña de ataques pone a Bertha Deleón y a su familia en una inminente situación de riesgo que hace temer por sus vidas e integridad.

La CIDH precisó que el Estado deberá informar si Bertha Deleón y sus familiares ya cuentan con medidas de protección y, en ese caso, sobre la idoneidad y efectividad de las mismas. Asimismo, la CIDH también solicita información sobre la situación o resultados de las investigaciones con relación a las denuncias presentadas por la abogada. Una vez finalizado el plazo estipulado para recibir la información solicitada,  la CIDH decidirá sobre el otorgamiento de las medidas cautelares.