La mañana de este lunes 22 de noviembre, agentes de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), acompañados por efectivos del Ejército, han allanado las instalaciones de al menos 7 organizaciones de derechos humanos: la organización feminista Las Melidas, la Asociación de Mujeres Tecleñas, FUNDASAN, FUNDASPAD, PROCOMES, PRO-VIDA y Una Mano Amiga.
El allanamiento, autorizado por el Juzgado Primero de Paz en San Salvador, se aprobó el domingo 21 de noviembre, con el propósito de investigar sobre el delito de peculado. Sin embargo, según ha informado la FGR a través de sus redes sociales, estos allanamientos también se dan en el marco de la investigación de delitos de negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios.
La orden de allanamiento, incluye una autorización para que peritos de la Dirección de Análisis Técnica de Investigación e Información puedan extraer información almacenada en formato digital en aparatos electrónicos, lo cual significa el acceso a información sensible sobre el registro de violaciones a derechos humanos, así como otra información personal que pueda estar contenida en dichos dispositivos.
El involucramiento de la policía y el ejército en estos actos arbitrarios de allanamiento es sumamente violento y tiene un evidente carácter intimidatorio. Igualmente vemos con preocupación que la difusión de esta situación en las redes sociales de la FGR ha suscitado múltiples reacciones y ataques por parte de usuarios, con expresiones misóginas y estigmatizantes hacia las organizaciones y sus integrantes, lo cual les pone en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad y son muestra de la continuidad de ataques sistemáticos en contra de personas defensoras en lo digital, especialmente contra mujeres, identidades sexo-genéricas disidentes y feministas.
Esta acción arbitraria se produce tan solo un día antes que la Asamblea Legislativa de El Salvador pudiera aprobar la “Ley de Agentes Extranjeros”, la cual, tal y como denunciamos recientemente, supone una grave amenaza para el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos en El Salvador, al incluir directrices orientadas a controlar, fiscalizar y, llegado el caso, criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y movimiento sociales que trabajan en el país.
Desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras denunciamos el allanamiento y el intento de criminalización de estas 7 organizaciones, las cuales cuentan con una reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador, y exigimos que se garanticen los derechos constitucionales y la integridad física y moral de todas las personas que las integran.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a denunciar este abuso y a mantenerse al pendiente de los acontecimientos en El Salvador, donde la deriva autoritaria del Gobierno está poniendo en riesgo la seguridad de quienes defienden derechos humanos y la continuidad del trabajo de las organizaciones en el país y limitando su derecho a defender derechos humanos.