Desde la IM-Defensoras observamos con preocupación el aumento de violencia hacia las defensoras y las comunidades en resistencia, de cara al proceso electoral que se llevará a cabo este 28 de noviembre en Honduras.

Bajo un contexto de despojo territorial, tensión y terror impuesto por un gobierno vinculado al crimen organizado que llegó al poder después del fraude del 2017 y tras el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos, en particular para quienes defienden los territorios del saqueo y la devastación ambiental.

La IM-Defensoras en su informe “Tendencia en defensoras de tierra, territorio y justicia”, reporta que desde 2016 al menos 8 defensoras del territorio han sido asesinadas en Honduras, 35 han sufrido intentos de asesinato y han enfrentado un total de 1088 agresiones.

Este gobierno autoritario ha ejercido el poder  a través de la represión sistemática de la protesta social, como ocurrió en las elecciones de 2017, en las que se documentaron al menos 23 homicidios y 25 casos probados de tortura que aún continúan impunes.

Esta violencia continua y sin tregua pone a las defensoras en un contexto de riesgo de ser criminalizadas, amenazadas, difamadas, desplazadas de forma forzada, vigiladas, agredidas sexualmente y asesinadas con total impunidad, como fue el caso de Berta Cáceres en 2016 o, hace tan sólo unos días, de Celenia Bonilla y su esposo Nelson García, dirigentes de la Empresa Campesina “Hombres y mujeres de fé”, parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), cuyo asesinato viene precedido de años de amenazas y persecución.

Ante este panorama, desde la IM-Defensoras nos preocupa la situación de las defensoras y el posible aumento de represión y violencia este domingo 28 de noviembre en el marco de la jornada electoral.

Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los movimientos sociales alrededor del mundo a estar alertas y vigilantes ante cualquier acontecimiento que represente un peligro para la integridad y vida de las defensoras hondureñas y sus comunidades, y a  reconocer la importancia de la labor que siguen realizando, a pesar del contexto adverso.

Requerimos también a la  comunidad internacional un posicionamiento contundente frente a las violaciones de derechos humanos que se puedan dar en este contexto, recordando al Estado hondureño su obligación internacional de proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos.