Mañana, jueves 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como cada año, organizaciones, colectivas y movimientos feministas y de mujeres de Mesoamérica y de todo el mundo han convocado plantones, protestas, manifestaciones y diversas actividades para expresar su rechazo a la violencia patriarcal que persiste en nuestros cuerpos y territorios.

En un contexto de profundización acelerada del autoritarismo en varios países de la región, en la IM-Defensoras hemos constatado un preocupante incremento en la sistematicidad y la gravedad de los actos de represión, uso de la violencia policial y criminalización de las participantes en manifestaciones feministas, por los derechos de las mujeres y de la población LGBTTTIQ+ y de las convocadas por madres y familiares de víctimas de feminicidio. En los últimos años, estos actos represivos se han producido principalmente en el marco de movilizaciones en fechas significativas para el movimiento feminista y de derechos de las mujeres, como son el 25 de noviembre, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer o el 28 de Septiembre, Día Internacional de la Despenalización del Aborto, entre otras.

Unido a ello, recientemente, diversos países de nuestra región como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han promovido y aprobado leyes orientadas a cerrar los espacios de participación de la sociedad civil organizada y movimiento sociales, a través de normas excesivas y desproporcionadas de fiscalización que facilitan la criminalización de la labor de las organizaciones y sus integrantes, con especial impacto en organizaciones de mujeres y feministas que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En Nicaragua, este año se aprobaron varias leyes, entre ellas la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, con gravísimas consecuencias para las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, criminalizándolas, obligándolas a cesar sus funciones y cancelando su personalidad jurídica. En El Salvador, el pasado lunes varias organizaciones de mujeres y feministas  fueron objeto de allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República que las pretende criminalizar por supuestos delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. Ello mientras en la Asamblea Legislativa está pendiente la discusión de la “Ley de Agentes Extranjeros”, con características muy similares a la de Nicaragua. En Honduras, el pasado mes de octubre, a pocos meses de las elecciones nacionales que se celebrarán este domingo 28 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal con fines claros de impedir y criminalizar la protesta social, especialmente de organizaciones y defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas que defienden la tierra y el territorio. En Guatemala, este año ha entrado en vigor la “Ley de ONG”, la cual entre otras arbitrariedades, otorga al gobierno la potestad de quitarle el registro a una ONG sin necesidad de pasar por un tribunal y le da control sobre los fondos provenientes de la cooperación internacional.

En una región que presenta uno de los mayores índices de feminicidios, el rol que tienen las defensoras y activistas feministas, sus movimientos, sus colectivas y sus organizaciones es crucial para acompañar a las víctimas y contribuir a visibilizar, repudiar y exigir medidas contra la violencia patriarcal.

Desde la IM-Defensoras reconocemos y agradecemos la labor que día tras días desarrollan estas organizaciones, colectivas y movimientos feministas, de mujeres y otras identidades no binarias, y la de todas las compañeras activistas y defensoras de derechos humanos que las integran, así como madres y familiares de víctimas, entre otras. Desde nuestras redes y articulaciones nacionales las acuerpamos y contribuimos a su protección y respaldamos su lucha por una vida libre de violencias contra las mujeres. 

Afirmamos nuestro compromiso de mantenernos vigilantes ante cualquier acción que pretenda reprimir nuestro derecho a manifestarnos, como mujeres y como defensoras de derechos humanos. 

Recordamos a los Estados de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua su obligación de garantizar el derecho a la manifestación y de abstenerse de reprimir las protestas, haciéndolos responsables de cualquier vulneración a la integridad de las personas participantes en las mismas.