La ofensiva del gobierno nicaragüense contra las organizaciones feministas no cesa. Este martes, 15 de diciembre, la Asamblea Nacional, a propuesta de la bancada del partido de gobierno, ha cancelado la personería jurídica de 6 organizaciones, entre ellas la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), dos emblemáticas organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres. 

En su trabajo cotidiano, el FUNDEMUNI y el MEC desarrollan una fundamental labor de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, acompañando a mujeres víctimas de violencia, desarrollando programas para prevenir las violencias patriarcales o defendiendo los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquiladoras bajo condiciones de explotación, entre otras mucha acciones. Por ello, el cierre de ambas supone un duro golpe para muchas mujeres nicaragüenses, quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad ante el contexto de violencia machista y las condiciones de precariedad económica y explotación laboral que enfrentan.

Las hostilidades del gobierno nicaragüense contra el MEC se remontan al inicio de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018. En julio de ese mismo año, desde la IM-Defensoras denunciamos el allanamiento del hogar de su directora, Sandra Ramos, quien también ha estado enfrentando intimidación, hostigamiento y actos de vigilancia. En septiembre de 2020, la policía rodeó sus instalaciones e impidió la entrada de las trabajadoras a las mismas. 

Se trata del mismo procedimiento que con anterioridad enfrentaron otras organizaciones feminista o enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Fundación Entre Volcanes, el CISAS, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) o el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO); y que además de la cancelación de la personería jurídica de las mismas conllevó la expropiación de sus bienes e instalaciones.

El movimiento feminista nicaragüense ha venido siendo objeto de las hostilidades y arbitrariedades de Daniel Ortega desde mucho antes de la crisis de 2018. Especialmente desde que en 1998 trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez. Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2008 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. 

Desde la IM-Defensoras condenamos este nuevo ataque del Gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y expresamos nuestra preocupación por la seguridad de todas las compañeras que integran el FUNDEMUNI y el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas dos organizaciones y alzar la voz para denunciar esta arbitrariedad que se pretende cometer contra ellas y contra el movimiento feminista de Nicaragua.