Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras saludamos el otorgamiento de dos amparos, con fecha del 10 de febrero del 2022, por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de los 8 defensores del río Guapinol en Honduras; sentencias que reconocen la ilegalidad del proceso y declara juicio nulo, teniendo como consecuencia el sobreseimiento definitivo y su inmediata libertad.
Los defensores del río Guapinol se mantienen privados de libertad arbitrariamente desde septiembre de 2019. La arbitrariedad de su detención fue señalada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas desde el 25 de febrero del 2020, recomendando por tanto al Estado de Honduras ponerles en libertad. El Grupo de trabajo concluyó: “que la fuente ha presentado un caso creíble y claro acerca de la violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales al seguir las causas incoadas en su contra”.
A pesar de lo anterior, el pasado 9 de febrero, el Tribunal de Sentencia de Trujillo dictó sentencia condenatoria contra seis defensores de los ocho defensores: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Ewer Alexander Cedillo y Daniel Márquez, por los delitos de daños agravados y daños simples contra la Empresa Inversiones Los Pinares y privación injusta de libertad.
Desde el Foro Internacional rechazamos este fallo condenatorio, pues fue el resultado de un proceso que vulneró los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de los defensores procesados. Nos preocupa que el Tribunal de Sentencia de Trujillo no solamente basó su condena en una deficiente investigación del Ministerio Público que nunca logró comprobar la culpabilidad de los defensores, sino que, además, ignoró toda la información presentada sobre la ilegalidad de las concesiones que originan este conflicto socio ambiental.
Hacemos un llamado al Tribunal de Trujillo y al Centro Penal de Olanchito para que, en acatamiento de los amparos otorgados el día 10 de febrero, den celeridad al procedimiento para la inmediata liberación de los 6 defensores que se mantienen aún privados de su libertad, asegurando el sobreseimiento de la causa penal, misma que nunca tuvo fundamentos.
Demandamos también al Estado de Honduras que, en acatamiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, proceda a la reparación integral a los defensores de Guapinol y a la inmediata investigación de los hechos que los mantuvieron privados de su libertad por más de dos años.
Recordamos al Estado de Honduras su deber de proteger a quienes defienden derechos humanos, intensificando esfuerzos para respetar y proteger el ejercicio de su labor sin que esto represente un riesgo inminente, así como que se garantice el cese inmediato del uso indebido del derecho penal para la persecución de personas defensoras de derechos humanos. Es menester que Honduras avance hacia garantizar que casos como el de los defensores del río Guapinol no vuelvan a repetirse.