El jueves 17 de marzo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, a instancias de la bancada del partido de gobierno, aprobó la cancelación de la personería jurídica de 25 organizaciones más, entre éstas la organización feminista Colectivo 8 de Marzo. 

En un patrón similar al que se ha usado para suspender a otras organizaciones feministas y de derechos humanos, la cancelación de estas dos organizaciones se apoya en un procedimiento arbitrario por parte de las instituciones responsables, las cuales desde 2020 han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. 

El Colectivo de Mujeres 8 de marzo es una organización feminista que desde hace 26 años ha venido trabajando en la promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la prevención de la violencia contra las mujeres y la participación política de las mujeres. En los últimos 5 años ha dado acompañamiento al menos a 10, 800 mujeres y 934 niñas supervivientes de violencia y femicidio, ha brindado servicios en salud sexual y reproductiva por lo menos a 26, 600 mujeres y jóvenes. 

En el contexto de un país donde la violencia machista y feminicida es incesante y donde imperan las políticas racistas del extractivismo y el despojo neoliberal, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para las mujeres y las comunidades indígenas y negras del país, dejando a estas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Cabe recordar que la suspensión de estas dos organizaciones se une a la larga lista de organizaciones feministas o con destacados liderazgos de mujeres que han sido ilegalmente suspendidas por el gobierno desde el estallido de la crisis socio-política y de derechos humanos en abril de 2018. Es el caso de organizaciones feminista o enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, como la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Fundación Entre Volcanes, el CISAS, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) o el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO); o de organizaciones con trabajo en derechos humanos lideradas por mujeres como es el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). En todos estos casos, la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones conllevó la expropiación de sus bienes e instalaciones.

Desde la IM-Defensoras condenamos este nuevo ataque del Gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y expresamos nuestra preocupación por la seguridad de todas las compañeras que integran el Colectivo 8 de Marzo. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas dos organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y los liderazgos de las mujeres en Nicaragua.