Abogados de David Castillo, quien fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de la defensora Berta Cáceres y es acusado por los delitos de uso de documento falso y fraude en el caso Fraude Sobre el Gualcarque, interpusieron una solicitud el pasado 8 de marzo ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para que se archiven las diligencias en su contra.
El Tribunal de Sentencia, que primeramente había convocado audiencia para la discusión de esta solicitud el pasado 16 de marzo, reprogramó la audiencia para este jueves 31 de marzo a petición del COPINH. En esta audiencia, valiéndose de la utilización ilegal e ilegítima del Decreto de Amnistía para presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado de 2009, David Castillo pretende ser considerado víctima de este evento, a pesar de que este le permitió ser beneficiario de concesiones y permisos para su actividad empresarial.
Cabe señalar que Berta Cáceres presentó evidencia probatoria de que David Castillo, entre otros acusados, habían cometido diversos delitos contra la administración pública para lograr que la empresa fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque.
Desarrollos energéticos SA (DESA), empresa de la cual David Castillo era accionista y Presidente del Consejo de Administración, en alianza con otras empresas, construyó la hidroeléctrica “Agua Zarca” en territorio indígena Lenca, destruyendo recursos hídricos y ambientales y generando el desplazamiento de comunidades enteras.
Al respecto de estos hechos Berta Cáceres presentó más de 40 denuncias, que años después permitieron que el Ministerio Público y la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) desarrollaran la investigación que dio lugar al presente proceso.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción y las instituciones involucradas deben rechazar la solicitud de impunidad de David Castillo a través del decreto de Amnistía 04-2022.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, condenamos el uso indebido e ilegal del Decreto de Amnistía por parte de David Castillo y exigimos una investigación a profundidad de toda la estructura criminal que intervino en estos hechos, así como el cese a la impunidad.
De igual manera demandamos justicia pronta y reparaciones integrales en todos los procesos relacionados con la defensora Berta Cáceres, su familia, COPINH y el pueblo Lenca.
Hacemos también un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y actúe en contra de las maniobras de impunidad de la estructura criminal Atala Zablah.