El día 1 de abril, cuando se dirigía a un comercio , la defensora Irene Yashika Martínez Cervantes fue detenida arbitrariamente por policías de tránsito de Chimalhuacán, Estado de México, bajo el argumento de que la motocicleta en la que se trasladaba era robada, sin embargo, y a pesar de comprobar que esta le pertenecía, fue detenida por una supuesta infracción.
Al momento de la detención, Irene Cervantes fue agredida a golpes por elementos policiacos, ocasionándole lesiones en la cabeza, marcas de estrangulación y pérdida de dos piezas dentales, además le fue sustraído su celular, dejándola incomunicada sin poder avisar a su familia de lo sucedido.
Tras este hecho, la hija de Irene solicitó acompañamiento a las defensoras del colectivo “Justicia para Diana” para localizar a su madre. El colectivo “Justicia para Diana”, fue creado para exigir justicia ante el feminicidio de Diana Velázquez Florencio asesinada el 2 de julio del 2017 en Chimalhuacán.
Luego de ser localizada por el colectivo en la comandancia de Chimalhuacán y liberada, en horas de la tarde se dirigieron con ella, así como otras defensoras, a la Fiscalía General de Justicia de Chimalhuacán para interponer una denuncia contra las y los policías que la agredieron.
Irene y las defensoras se reunieron con Dylcia García Espinoza de los Monteros, Fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, afuera de las oficinas de la FGJ Chimalhuacán. Tras la conversación, las defensoras acompañantes decidieron permanecer en el lugar para manifestarse, pero fueron reprimidas y agredidas por elementos policiacos.
En la manifestación se encontraban la defensora Irene y su hija, familiares integrantes del colectivo “Justicia para Diana”, la defensora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 por un comandante de la policía de Chimalhuacán, un menor de edad y once compañeras más.
Cabe señalar que Irene Cervantes y sus familiares han sido víctimas de acoso y hostigamiento por denunciar y exigir justicia, luego de que en 2019 su hija de 12 años fue detenida arbitrariamente por policías de Chimalhuacán, desaparecida y privada de su libertad por dos días y presentaba signos de tortura física y sexual al ser localizada.
La menor también ha sido revictimizada por parte de servidores públicos sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto. El proceso de investigación del caso también se encuentra detenido y sin avances debido a que las pruebas se han desestimado.
En 2021, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras documentaron y verificaron 88 agresiones contra defensoras en el Estado de México. Mientras que de 2020 a 2022, han documentado y emitido 7 Alertas Defensoras por agresiones a compañeras feministas que se movilizan públicamente por la exigencia de una vida libre de violencia para las mujeres.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras nos preocupa la situación de riesgo inminente de las defensoras, por ello exigimos la protección inmediata para Irene Yashika Martínez Cervantes y su hija, así como para las integrantes del colectivo Justicia para Diana.
Hacemos también un llamado al gobierno del Estado de México, a poner un alto a las agresiones en contra de las defensoras, detener la criminalización de las mujeres defensoras y activistas y el uso desproporcionado de la fuerza en su contra. Igualmente urgimos que las autoridades investiguen los hechos, identifiquen y delimiten las responsabilidades correspondientes, y que repare los daños derivados.