Al cumplirse 2 meses desde que el gobierno salvadoreño impusiera el régimen de excepción con el pretexto de combatir el incremento de la violencia ejercida por las pandillas, más de 30 mil personas han sido detenidas y privadas de libertad en las ya de por sí hacinadas cárceles del país, en muchos casos siendo inocentes y enfrentando detenciones arbitrarias, entre ellas al menos 6 lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanas.

Tal y como advertimos y hemos venido denunciando desde distintas organizaciones e instancias de derechos humanos de ámbito nacional e internacional, la suspensión de garantías que conlleva el régimen de excepción ha provocado que muchas de estas detenciones se hayan llevado a cabo con base en presunciones sin ninguna base jurídica y prejuicios como el tipo de vestimenta o llevar tatuajes. Además, estas detenciones han venido acompañadas de malos tratos y condiciones inhumanas de privación de libertad y hacinamiento en un sistema carcelario que ha sobrepasado por mucho su capacidad máxima, así como de la sistemática vulneración del derecho de las familias a tener información sobre la situación de sus personas detenidas.

Ante ello, cientos de madres y familiares se han movilizado y desplazado hasta los centros penitenciarios para buscar información que sistemáticamente se les ha venido negando. En muchos casos, estas personas han pasado días a las puertas de las cárceles, durmiendo en la calle y enfrentando condiciones muy precarias y riesgos para su seguridad. 

Todo ello ha venido acompañado de una campaña promovida desde el gobierno y otros sectores y medios allegados, para criminalizar y estigmatizar a quienes denuncian las arbitrariedades y trabajan por los derechos de las personas detenidas y los de sus familias, incluyendo personas y organizaciones de derechos humanos de ámbito nacional e internacional, periodistas y profesionales de la abogacía, quienes están enfrentando señalamientos difamatorios de tener vínculos con las pandillas o de “defender a asesinos”, entre otros. 

En este contexto de estigmatización y de suspensión de garantías y arbitrariedades propiciado por el régimen de excepción, todas estas personas, medios de comunicación independientes y organizaciones, incluyendo a las madres y familiares de las personas privadas de libertad, están expuestas a una preocupante situación de riesgo, tanto en lo que atañe a su integridad personal, como al ejercicio de su derecho a informar, a desarrollar su labor jurídica o a ejercer y defender derechos. 

Desde la IM-Defensoras y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos demandamos el cese inmediato de estas campañas de señalamiento y estigmatización y garantías para que personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y profesionales de la abogacía puedan ejercer su labor en las debidas condiciones de seguridad y sin coacciones de ningún tipo.

Asimismo, exigimos que se respete el derecho de las madres y familiares de las personas detenidas a acceder a información sobre la situación de éstas, así como que se garantice su seguridad y condiciones humanitarias en el marco de sus legítimos plantones a las puertas de las cárceles en espera de esa información a la que tienen pleno derecho.

Reconocemos y acuerpamos la dignidad de estas madres y familiares que luchan por sus derechos y los de sus personas queridas, y que al hacerlo se convierten en defensoras de los derechos humanos de toda la población salvadoreña frente a la consolidación, por parte del gobierno de Nayib Bukele, de un modelo autoritario de seguridad exclusivamente basado en el castigo y no en la transformación de las condiciones estructurales que han generado y que siguen profundizando la grave crisis de violencia social que vive el país.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante de la situación y solidarizarse con quienes en El Salvador no dejan de trabajar por la construcción de una paz basada en la igualdad, el acceso a condiciones de vida dignas para toda la población y el pleno respeto a los derechos humanos.