El gobierno misógino, neoliberal e ilegítimo de Daniel Ortega ha continuado durante este mes de agosto con su persecución contra quienes se organizan en Nicaragua para defender derechos humanos y, tras varias oleadas de cancelaciones masivas, ha dejado un saldo mensual de otras 47 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres que han visto arrebatada su personería jurídica de manera ilegal y arbitraria. Con éstas ya suma 147 las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres canceladas ilegalmente desde 2018.
Es importante destacar que además del procedimiento usual consistente en tramitar las cancelaciones a través de la Asamblea Nacional, durante este mes de agosto se ha llevado a la práctica, por primera vez, el procedimiento exprés contenido en la reforma aprobada el 24 de agosto a la Ley 1115, la cual faculta al Ministerio de Gobernación (MIGOB) para autorizar o cancelar personerías jurídicas sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional.
Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Además, la cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes. Como ejemplo de ello, cabe recordar la reciente ocupación y confiscación ilegal de las instalaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa por parte de la Policía Nacional, la cual denunciamos a través de una alerta urgente el pasado jueves 1 de septiembre.
Desde la IM-Defensoras no nos cansaremos de reiterar el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.
Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta y denunciando ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de quienes trabajan, colaboran, participan o son beneficiarias de ellas.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones, tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua y, de manera particular, quienes lo hacen desde el enfoque feminista y trabajando por los derechos de las mujeres, y alzar la voz para denunciar todas las arbitrariedades e injusticias sistemática y recurrentemente perpetradas por el gobierno para acallar las voces que luchan por construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.