El pasado mes de julio, las autoridades migratorias de Nicaragua negaron la entrada a su propio país a la abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunningham, miskita y de nacionalidad nicaragüense. Este gravísimo hecho se produjo cuando ésta se disponía a regresar a su hogar tras participar en Ginebra (Suiza) en una sesión del Grupo de Personas Expertas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, del cual forma parte desde el año pasado. De manera absolutamente ilegal y arbitraria, a la defensora se le impidió abordar su vuelo de regreso a Nicaragua, donde reside y donde la estaba esperando su familia, incluyendo hijos menores de edad que están bajo su cuidado, quedando de facto en situación de destierro.
La denegación de entrada al país a la defensora constituye una flagrante violación el Artículo 31 de la Constitución nicaragüense ( “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su Artículo 22, numeral 5, establece que “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”, y no tiene otro objetivo que represaliar a Anexa Alfred Cunningham por su trabajo en favor de los derechos del pueblo miskito.
Anexa Alfred Cunningham tiene una amplia trayectoria de trabajo por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes tanto en Nicaragua como a nivel regional e internacional. En el ámbito local coordinó el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua y participó en diferentes iniciativas legislativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, entre éstas, la reforma de la Constitución Política de Nicaragua en 2014, Ley de Medicina Tradicional Ancestral, Código de Familia, Estatuto de Autonomía y otras iniciativas de ley. También ha trabajado con organizaciones comunitarias y organizaciones locales de pueblos indígenas en investigación y denuncias de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas ante el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de las Naciones Unidas.
Según datos de nuestro registro de agresiones contra defensoras, al menos 16 defensoras han sido desterradas de Nicaragua desde 2018. Se trata de un tipo de agresión que se ha intensificado durante los últimos meses y que implica una vulneración absoluta de los derechos fundamentales de las defensora afectadas, así como graves y profundas afectaciones sobre sus vidas y las de sus familias. Además, estas agresiones tienen un efecto "ejemplarizante" orientado a alimentar el régimen de terror que viven las defensoras nicaragüenses, muchas de las cuales han manifestado tener miedo a ser desterradas cada vez que salen de Nicaragua, así como una sensación de incertidumbre constante y el temor a que en cualquier momento pueden ser expulsadas del país, lo que genera desmovilización, inhibición y silenciamiento.
Desde la IM-Defensoras nos solidarizamos con Anexa Alfred Cunningham y su familia y expresamos nuestro repudio ante este nuevo acto arbitrario del gobierno racista, misógino, neoliberal y extractivista de Daniel Ortega. Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con la defensora y a manetenerse al pendiente de la situación en Nicaragua, pais en el que desde 2018 se ha venido consolidando un regimen totalitario, apoyado en el monopolio de la violencia, la arbitrariedad y el terror para aniquilar la organizacion popular, la disidencia y la defensa de los derechos humanos, y donde quienes alzan la voz se exponen, entre otras represalias, a la persecución política, la criminalización, la muerte civil, el destierro o la cárcel.