Dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez A.C. (Centro Prodh) fueron espiadas con el software Pegasus durante el 2022.

A finales del 2022, integrantes del Centro Prodh recibieron correos electrónicos en los que se les notificaba que sus teléfonos habían sido vulnerados por “atacantes patrocinados por un Estado”. Los correos electrónicos advertían que dichos ataques habían ocurrido “por quienes son” o “por lo que hacen” y les alertaban que el nuevo ataque podía haber dejado vulnerables sus comunicaciones y el resto del equipo.

Los teléfonos fueron analizados y Citizen Lab confirmó que las comunicaciones del Director y la coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, Santiago Aguirre y la defensora María Luisa Aguilar respectivamente, habían sido atacados con Pegasus, en al menos cinco ocasiones.

Cabe señalar que en 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Centro Prodh defendía algunas de las causas de derechos humanos más emblemáticas, como los casos Tlatlaya,  Ayotzinapa y Atenco. En ese año se realizó una investigación por parte de la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19, en donde se encontró que tres personas del Centro Prodh habían recibido mensajes infecciosos para vulnerar sus teléfonos. Estos ataques fueron denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento se hayan esclarecido los hechos e identificado a los responsables.

Los reiterados ataques contra el Centro Prodh se dan en contextos vinculados con la labor de exigencia de verdad y justicia para las víctimas que acompaña.

La intervención ilegal de comunicaciones privadas a través del malware Pegasus,contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas genera impactos específicos en su seguridad digital, personal y privacidad y les coloca en situación de riesgo, ya que el uso de esta tecnología puede aportar información clave para la comisión de agresiones al permitir intrusiones profundas en los dispositivos de las personas vigiladas.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresamos nuestro repudio a los actos de espionaje de las autoridades, particularmente de las fuerzas armadas, a través del malware Pegasus  y esperamos una respuesta contundente del Estado mexicano y todas sus instancias correspondientes que haga efectiva la protección y seguridad para las personas defensoras de derechos humanos, así como la garantía de acceso a la justicia para todas las víctimas y la no repetición de estas graves vulneraciones.

De igual manera llamamos a esclarecer estos hechos a través de una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a todos los responsables intelectuales y materiales.

Finalmente expresamos nuestra solidaridad con el equipo del Centro ProDH y hacemos un llamado a la comunidad internacional, los organismos internacionales y a los mecanismos de protección de derechos humanos a denunciar estas acciones de espionaje, persecución y violencia.