A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca , las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes.

En días recientes, Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Caceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la perito Brenda Barahona por presunta falsificación de documentos en el caso. En 2019 ya habían interpuesto una denuncia contra ella, sin embargo esta fue desestimada por improcedente.

Los señalamientos hechos por la defensa de David Castillo denunciando supuestas irregularidades en el proceso y dirigidos específicamente a la actuación de la perito y los fiscales del caso pretenden deslegitimar su actuación, y han sido desmentidos a través de comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones que le acompañan.

Dichas organizaciones señalaron que las extracciones telefónicas de la perita Brenda Barahona, elementos determinantes para la condena de Castillo, coinciden con las que realizó el perito de la defensa de Castillo, Sean Bodde. La información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres.

Este ataque e intento de criminalización de la perito del Ministerio Público busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres.

Cabe destacar que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el lunes 8 de abril, una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción, algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), habiendo sido parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, caso que evidenció cómo la corrupción en el otorgamiento de licencias sobre el uso del rio Gualcarque originó violaciones a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara, al imponérseles un proyecto energético en un río considerado sagrado. David Castillo, además de haber sido condenado por el asesinato de la lideresa Lenca, enfrenta cargos en el caso Fraude sobre el río Gualcarque, y se encuentra pendiente de sentencia.

Los anterior es relevante porque muestra el posible tráfico de influencias para dejar impune este terrible asesinato y porque la causa Berta Cáceres está relacionado con el caso Fraude sobre el Gualcarque.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras condenamos estas maniobras por parte de la defensa de David Castillo que ponen en riesgo los escasos resultados que ha ofrecido el sistema de justicia en este caso, que deslegitima un proceso que ha sido fruto de la exigencia de justicia de la familia, del COPNIH y de la lucha contra la impunidad y por la preservación del Estado de Derecho.

De igual manera, exigimos a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y  la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra  David Castillo, coautor de este crimen.

Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista,  capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso  ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres.

Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición.