El 29 de enero de 2016, autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron arbitrariamente una investigación contra la periodista Marcela Turati Muñoz, la defensora Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), y la directora regional del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Mercedes Doretti por su trabajo de documentación, denuncia pública, asistencia jurídica e investigación de la masacre de 72 personas ―58 hombres y 14 mujeres― en su mayoría migrantes centro y suramericanos- y las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, en las que se localizaron 196 restos mortales encontrados en 48 fosas clandestinas. Ocho años después dicha investigación sigue abierta y por tanto, las tres defensoras continúan siendo criminalizadas y expuestas a los riegos e impactos de esta situación sobre sus vidas y el ejercicio de su labor.
Cabe recordar que desde el inicio de esta investigación ilegal contra las defensoras se han podido documentar graves violaciones a sus derechos humanos, perpetradas por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República). Así, el 4 de febrero del 2016, y sin mediar orden judicial alguna, personal de esta misma institución requirió ilegalmente información de las telecomunicaciones de Ana Lorena y Marcela, así como datos personales y escritos para analizar sus firmas. Ana Lorena, Marcela y Mercedes fueron espiadas por agentes de la SEIDO sin haberlas informado de las razones por las cuales son investigadas, violando su derecho a la defensa y al acceso a la justicia, a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender derechos humanos y a la no discriminación. Instituciones del Estado mexicano invirtieron recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización y el espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre de San Fernando, la cual se mantiene en impunidad más de 13 años después. A pesar de la gravedad de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró de forma arbitraria el expediente derivado de la queja presentada en 2021 por las tres defensoras, y reabrió la queja sólo hasta después de que ellas presentaron un amparo y realizaron múltiples gestiones ante dicha institución.
El proceso de criminalización al que siguen sometidas estas tres compañeras no sólo implica una violación a la legislación nacional, sino que también es contrario a las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigimos el cierre inmediato de la carpeta de investigación abierta contra Ana Lorena Delgadillo Pérez, Marcela Turati Muñoz y Mercedes Doretti y el cese de su criminalización.
De igual manera hacemos un llamado al Estado mexicano para que se investiguen y se depuren las responsabilidades emanadas de los hechos delictivos cometidos en contra de estas defensoras de derechos humanos al haberse iniciado ilegalmente esa investigación y que se ofrezcan garantías de protección a su integridad y el derecho de ejercer libremente su labor de comunicación y defensa de derechos.