En el marco de la conmemoración de los dos meses de los actos de represión registrados el pasado 8 de mayo en Zacatecas, víctimas del 8M se reunirán con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México para dar seguimiento a nuestras demandas y continuar luchando contra la impunidad.

En Zacatecas, como en otros estados de la república, la violencia y la impunidad han favorecido contextos adversos para la defensa de los derechos humanos resultado de prácticas estructurales y sistémicas que han convertido instancias estatales de seguridad pública en cuerpos represivos contra quienes se manifiestan y defienden derechos humanos. Este clima represivo se agrava en el contexto de feminicidios, desapariciones de mujeres y niñas y violencias de género que imperan en la entidad.

La movilización masiva del pasado 8 de marzo, en la que miles de mujeres zacatecanas participaron, es un claro reflejo de la indignación ante a violencia y la urgencia de atender la situación. Sin embargo, estas manifestaciones de la sociedad civil chocan directamente con la política gubernamental del estado que, aunque proclamó el año 2024 como el año de la paz, no ha implementado este decreto con acciones concretas.

Este 8 de marzo de 2024 fuimos testigos y víctimas de una represión gubernamental, en que distintos cuerpos de la policía municipal y estatal reprimieron la legítima movilización de miles de mujeres, generando temor en un claro abuso de autoridad que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de libertad y lesiones en contra de 18 mujeres. A pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, los hechos continúan impunes.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, en los últimos tres años se ha registrado un aumento de las agresiones en movilizaciones entorno al 8M, en 2021 se cometieron 102 agresiones en contra de 28 mujeres defensoras y periodistas; en 2022 aumentó a 148 agresiones en contra de 37 manifestantes y en 2023 se tuvo un registro de  254 agresiones realizadas en contra 56 mujeres periodistas y defensoras; siendo los principales estados en que se registraron estas cifras: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo Léon, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes.

Recordamos que el gobierno de la entidad tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la manifestación, para lo cual debe implementar estándares internacionales de protección para evitar el uso excesivo de la fuerza pública. Ante estas violaciones a los derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que todas las autoridades : “(…) tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar  la seguridad de las personas y el orden público”, y que “(…) al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego de las protestas”.

En este mismo sentido, diversas instancias de Naciones Unidas hicieron un llamado al Estado Mexicano sobre la actuación policial en contextos de manifestación de mujeres, señalando que “la violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas”.

Hacemos un enérgico llamado para que las autoridades correspondientes del gobierno estatal y municipal y nacional, respectivamente:

• Cesen las arbitrariedades que están permitiendo la continuidad de la judicialización y criminalización de las mujeres manifestantes

• Se realice una investigación exhaustiva de los hechos, con perspectiva de género y de derechos humanos; que permita la identificación de los responsables materiales e intelectuales, y que, cumpliendo con las garantías del debido proceso, sean sancionados y se realice la reparación de los daños de quienes resultaron víctimas de estos hechos.

• Se desarrollen proceso que garanticen la no revictimización de las afectadas y se otorguen las debidas medidas de protección requeridas para las víctimas y sus acompañantes.

 Continuamos exigiendo la destitución de los responsables directos, entre ellos Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno, Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, y Oswaldo Caldera Murillo, Director de Policía Vial, así como de los elementos policiales implicados en los actos de violencia.

No permitiremos que este agravio histórico quede en el olvido. Seguiremos buscando justicia y exigiendo que estos actos de violencia no se repitan nunca más.

 

**VÍCTIMAS DE TORTURA Y BRUTALIDAD POLICIACA DEL 8 DE MARZO EN ZACATECAS** 

**8 DE MARZO NO SE OLVIDA**

**POR NUESTRO PROPIO DERECHO**