El sábado 27 de julio de 2024, mientras los dueños ancestrales de la comunidad de San Juan, Tela reocupaban un predio de la comunidad que ha sido despojada por terceros, vinculados al alcalde Ricardo Cálix y su familia, unos 40 agentes armados llegaron en 4 patrullas de la policía nacional, y una de la DPI con la amenaza de realizar un desalojo ilegal e ilegítimo. El vocero de nombre Marvin Hernandez, quien daba órdenes y al parecer dirigía el operativo alegaba que ese terreno era propiedad privada; y cuando la gente de la organización les señalaba las sentencias ante la CIDH, les exigía mostrarlas. Igualmente el policía utilizó los términos de usurpación y amenazó con detención a las defensoras y defensores del territorio.

Al llamado de donde estaba la orden de desalojo el vocero expresaba que habían escrituras de este terreno a nombre de dueños privados y que podían ir a informarse al Instituto de la Propiedad porque la información era pública, en un acto burlista a la inteligencia de las compañeras y compañeros presentes; al mismo tiempo, usando un tono condescendiente con el que se dirigen los racistas a las personas garífunas les decía que por qué se enojaban, que él estaba tranquilo y que no llegaba a pelear con nadie, mientras había dicho a los demás policías que había que proceder con el desalojo. Mientras tanto varios agentes, incluyendo uno que traía una cámara profesional estuvieron tomando fotos y videos de las personas organizadas en la toma.

Como es sabido la comunidad de San Juan ha obtenido una sentencia favorable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto todas las acciones de supuestos dueños son ilegales. Queremos denunciar el lamentable papel de los organismos policiales para defender ajenos a los derechos de los pueblos garífunas, y sus territorios.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertamos que cualquier acción lesiva contra la comunidad y su lucha por la tierra viola los convenios, leyes y sentencias que han sido justamente ganadas por la OFRANEH y las comunidades garífunas en litigio internacional. Denunciamos los tratos racistas de los cuerpos policiales y su labor a favor de terceros y no de las comunidades y pueblos que debieran cuidar y proteger.