El 3 de julio de 2024 el Comité desarrolló una Asamblea Popular por la defensa de la Casa Común en la que se entregó a las comunidades el Decreto 18-2024 que protege el Parque Nacional Carlos Escaleras. De igual forma, exigieron ante instituciones del Estado, que los departamentos de Colón y Olancho se declaren libres de minería y proyectos extractivos que provocan daños irreparables en las comunidades y nuestras reservas naturales.

Ante estas acciones de incidencia y movilización, quienes tienen intereses privados (funcionarios públicos, empresarios de ECOTEK, entre otros) han respondido con amenazas cada vez más violentas y campañas de desprestigio por diversos medios, por lo que nos preocupa que el incendio de la alcaldía municipal, ocurrido a altas horas de la noche del 4 de julio, sea utilizado como una excusa para la criminalización y persecución judicial de la que ya han venido siendo víctimas las defensoras y defensores que pertenecen al Comité y las comunidades afectadas.

El 4 de julio, defensoras y defensores del Comité se movilizaron a la DPI de Tocoa para interponer una denuncia por abuso de autoridad señalando a la Corporación Municipal por firmar y ratificar el acta del ilegal del cabildo abierto realizado hace unas semanas, que ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de sus efectos.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos que conocemos este patrón criminal con que se persigue a las defensoras de derechos humanos, principalmente por empresas que en nombre del desarrollo saquean los bienes comunes de la naturaleza en contubernio con la institucionalidad del Estado.

Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones emitidas por autoridades de la Dirección Policial de Investigación que indican la ejecución de ordenes de captura sin una orden judicial; esto pone en alto riesgo a los y las defensoras que se enfrentan a una alta criminalidad mediática.

Estamos alerta ante esta situación que pone en mayor riesgo la seguridad y la vida de quienes defienden la madre tierra. Hacemos un llamado al Estado de Honduras que es responsable por no responder a esta situación para garantizar la protección de defensoras y defensores de derechos humanos; y su inacción ante los ataques a derechos fundamentales para la vida humana y los ecosistemas nacionales que conlleva a la impunidad y al favorecimiento a perversos empresariales y polÍticos partidarios.