El domingo 30 de junio de 2024 tuvo lugar un nuevo ataque, amenazas e intimidación contra el pueblo garífuna.

Por segunda vez en la misma semana el pueblo garífuna es amenazado y atacado a través de la fuerzas policiales. Siete patrullas se presentaron para asediar e intimidar a las comunidades garífunas que se encuentran recuperando territorio en Trujillo, Colón al criminal Randy Jorgensen, quien está acusado de lavado de activos.

Una vez más, la institución policial lejos de servir y proteger a la ciudadanía resguarda intereses de delincuentes que han sido denunciados públicamente por lavado de activos, en un país donde el narcotráfico, el crimen organizado y las fuerzas políticas se articulan para garantizar sus intereses privados por encima de los derechos de los pueblos indígenas nos alertamos.

Denunciamos esta situación de violencia que se profundiza impunemente contra el pueblo garífuna y  en especial en contra de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que ha resistido históricamente con sus propuestas de vida frente a las políticas racistas de terror y exterminio. 

Hacemos un llamado enérgico al Estado de Honduras  para asumir su responsabilidad de resguardar la vida, y la seguridad de las comunidades garífunas e insistimos en la urgencia del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del pueblo garífuna y de generar las condiciones para su cumplimiento resguardando la vida y protegiendo los territorios ancestrales que se disputan a las corporaciones internacionales turísticas y al crimen organizado.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuamos vigilantes, alertas y en acción permanente para denunciar y acuerpar al pueblo garífuna y a la OFRANEH que enfrenta esta escalada de violencia. Exigimos su protección y actuación coherente por parte del Estado de Honduras.