El miércoles 12 de marzo, a las 6:00 a.m. se presentaron 5 patrullas de la Policía Nacional y militares encapuchados en la empresa campesina 17 de junio de la CNTC-El Progreso, ubicada en aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa.

Según la orden desalojo, la empresa campesina tiene 15 días para desalojar el predio reclamado por supuestos herederos y la compañía Agrícola Los Olivos S.A.; sin embargo, las personas de la empresa campesina que tuvieron acceso a esta orden denuncian que presenta varias inconsistencias: el juez no está debidamente identificado, el membrete no coincide con otras ordenes de desalojo emitidas por el Poder Judicial y tampoco cuenta con un sello oficial, por lo que intuyen que podría tratarse de una orden extrajudicial. Además, en el lugar, el juez ejecutor no quiso identificarse y portaba una mascarilla que cubría su rostro.

En esta tierra recuperada, trabajan más de 30 compañeros y compañeras campesinas, quienes a través de la cosecha mantienen a sus familias. De acuerdo a su denuncia, esta tierra se mantuvo ociosa después del huracán Mitch y hay más de 50 escrituras que el Instituto Nacional Agrario (INA) debe investigar, sin embargo no hay celeridad en el proceso.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudia y denuncia estas acciones que ponen en situación de riesgo a las personas campesinas que luchan por defender su derecho a la tierra y alimentación.

Condenamos estos hechos de utilizar la Policía Nacional y los entes judiciales para favorecer a terratenientes y empresas extractivas sin agotar las investigaciones pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de los y las campesinas en su legítimo derecho a la tierra.

Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y una pronta resolución de las exigencias de los y las campesinas.